Durante el año 2018 se reduce drásticamente el protagonismo de los partidos políticos en la conflictividad del país(1), mientras que la protesta (social por derechos y reivindicaciones) se reproduce por todo el territorio a medida que se incrementa la crisis económica y se deterioran las condiciones de vida de la población. La conflictividad pasa de un contexto plenamente político con las masivas movilizaciones opositoras del año 2017, al campo de la conflictividad social, en donde múltiples grupos y organizaciones sociales, sindicales, comunitarias o defensoras de derechos, desarrollan acciones de protesta para exigir derechos sociales, servicios públicos y salarios dignos. El descontento no da paso a grandes movilizaciones, sino a múltiples protestas diarias con grupos de decenas y cientos de personas, que llegan a generar más de 10.000 protestas durante el 2018, de las cuales hasta 90% se derivan de exigencias sociales (OVCS, 2018).
En este contexto emergen tres dinámicas de lucha social que logran aglutinar la movilización popular durante este año: el paro nacional de enfermería, al que luego se suma todo el sector de la salud pública entre junio y agosto, la movilización de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en Caracas el 28 de noviembre y la Marcha Campesina que llega a pie a la capital el 1° de agosto desde el llano venezolano.
Enfermeras, sindicatos del sector público y movimiento campesino en el 2018
Durante el 2018 los salarios llegan a mínimos históricos, por debajo de 10 dólares mensuales (OVF, 2021), afectando en mayor medida a las instituciones y servicios públicos (estos también afectados por la desinversión y la corrupción general). La polarización y el conflicto político en los años anteriores había concentrado a su alrededor al activismo y a las organizaciones sociales, dejando de lado las exigencias reivindicativas y de derechos laborales. Sin embargo, con el declive de los partidos políticos, durante el 2018 el movimiento sindical logra organizarse y abre un escenario de lucha con las movilizaciones del sector de la salud pública con un pico de movilizaciones entre junio y agosto, encabezadas por las asociaciones de enfermería (Oceinfo, 2018).
La lucha de las enfermeras logra convocar al movimiento sindical y a activistas sociales debido a la crisis de desabastecimiento de insumos médicos que mantenían en riesgo las capacidades mínimas del sistema público de salud, en este caso la lucha salarial se cruza con la lucha por el derecho a la salud. (OVCS, 2019a) El gobierno intenta aplacar las protestas con la distribución de cajas de alimentos (CLAP) y con el amedrentamiento de grupos parapoliciales en los centros de salud -llamados paradójicamente “colectivos”- (ACN, 2018), luego el 17 de agosto anuncia un aumento significativo del salario mínimo en el contexto de la reconversión monetaria que también implicaba una profunda devaluación de la moneda (2).
Aunque esta medida supone un aumento coyuntural que será devorado en pocos meses por la inflación e incluso no llega a los 100 dólares mensuales, que exigía el movimiento del sector salud, las movilizaciones empiezan a menguar después de varios meses de lucha y desgaste. Luego de la reconversión monetaria y el aumento salarial, el Ministerio del P. P. para el Trabajo decreta el Memorando 2792, mediante el cual suspende los derechos laborales alcanzados por las contrataciones colectivas, postergando las mismas y pasando a declarar tablas salariales para el sector público de manera unilateral, eliminando de facto las negociaciones colectivas y el papel de los sindicatos, pasando por encima de leyes y derechos constitucionales (LID, 2019).
En los últimos meses del año se organiza la ITV con una presencia importante de sindicatos del sector público (salud, universidades, instituciones públicas, empresas básicas, telecomunicaciones, transporte, entre otros) organizando alrededor de 1.500 personas en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 9 de noviembre, y una movilización en Caracas el 28 del mismo mes, exigiendo la derogación del memorando 2792, el respeto a las contrataciones colectivas, la liberación de trabajadores presos por protestar, reenganche a directivos sindicales despedidos injustamente (destacando el caso de Deillily Rodríguez y Jairo Colmenares del Metro de Caracas) y salarios dignos. Días después de la movilización uno de los referentes de la ITV, Rubén González de la empresa Ferrominera del Orinoco, es judicializado fraudulentamente en tribunales militares por “ultraje al centinela” al ser detenido en una alcabala militar de regreso al estado Bolívar (Correo del Caroní, 2020).
En las movilizaciones sindicales se logran unir organizaciones y dirigentes de diversas procedencias políticas y partidistas, desde los diversos partidos de la oposición tradicional hasta de la izquierda disidente del chavismo, logrando sobreponerse a los límites que imponía la polarización en el movimiento social. En el caso de la Marcha Campesina la situación fue distinta, este movimiento es planificado por organizaciones que respaldan al gobierno nacional y sectores críticos del chavismo. La marcha llega a Caracas denunciando una situación atroz en el campo venezolano, el aumento del sicariato, la devolución de tierras a antiguos latifundistas, el impacto de la crisis en la producción agraria y la actuación de cuerpos policiales y fuerzas armadas contra el derecho a la tierra y derechos civiles de campesinos (OEPV, 2018).
El chavismo es una identidad fuertemente arraigada en este movimiento, por lo que las denuncias son precedidas por un apoyo al gobierno nacional impidiendo que se consolide la autonomía del movimiento. La marcha es recibida por el presidente, Nicolás Maduro, en un acto público, en donde las vocerías son escuchadas y se logran acuerdos parciales; sin embargo, meses después se denuncia el incumplimiento por parte del gobierno y la continuación de una política favorable a la impunidad y el ascenso de grupos de poder, del latifundio y del sicariato. Incluso horas después de la reunión con el presidente, tres voceros de la marcha campesina fueron asesinados en el estado Barinas (Punto de Corte, 2018).
Imposición de la precariedad y desestructuración del mundo social
Mientras la conflictividad social tiende a aumentar, el gobierno mantiene sus políticas sociales y económicas, intentando contener el descontento y la crisis de las condiciones de vida a través de la distribución de las cajas de comida del CLAP y de ocasionales bonos para los sectores más empobrecidos, que en algunos casos llegan a sumar montos cercanos a los 10 o 15 dólares mensuales a través del carnet de la patria(3). El salario va a mantenerse por debajo de los 10 dólares en los siguientes años provocando una migración laboral que afectará a las instituciones públicas y expandirá en gran medida el mercado de trabajo informal y precario. Sin embargo, durante el año 2019 el fenómeno de Juan Guaidó, vuelve a paralizar la conflictividad social y repolariza la movilización social en torno a las lealtades político-partidistas(4). El movimiento de trabajadores agrupado en la ITV se divide, mientras que las protestas por derechos sociales quedan en segundo plano.
En este período los servicios e instituciones públicas colapsan tras un abandono general de parte de la administración estatal. El sistema eléctrico nacional entra en shock en marzo de 2019 con un apagón nacional que durará una semana en todo el país y se repetirá constantemente durante meses en las regiones del interior del país (El País, 2019a), la educación pública y las universidades entrarán en una parálisis general con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, el metro de Caracas, así como todo el sistema de transporte, cae en la desidia y con un funcionamiento defectuoso, el sistema de salud sobrevivirá casi sin insumos para su ejercicio, mientras que los pacientes les toca costear gran parte de los insumos médicos (El País, 2019b), los servicios públicos (agua, gas doméstico, telecomunicaciones, combustible) entran en un profundo déficit acrecentado fuera de la capital, entre una cantidad de situaciones que se derivan de una crisis general del Estado rentista(5).
El déficit de las instituciones públicas (salud, educación, transporte, telecomunicaciones y servicios) incrementa la cantidad de tiempo dedicado a las tareas de cuidado para las mujeres, además de la sobrevivencia básica para suplir el colapso de los servicios (búsqueda de fuentes de agua, colas para acceder a combustibles, gas u otros recursos básicos para la cotidianidad, incremento del tiempo para el uso del transporte, atención de familiares que no logran los ingresos necesarios para mantenerse, como es el caso de quienes dependen de pensiones y jubilaciones, cuidados de salud en casa frente al colapso del sistema público, etc.) y de búsqueda de trabajos extras para obtener ingresos complementarios a las mínimas remuneraciones por salarios y pensiones.
Esto debilita en gran medida el tejido social y la capacidad organizativa de la mayoría de la población (Efe, 2021a) y se expresa en una pérdida sistemática de derechos básicos, generando una situación en donde el descontento se transforma en desconexión con la “política” para dedicarse a “resolver el día a día”; mientras que la movilización social surge de vanguardias de activistas y militantes que mantienen y tratan de reconstruir la capacidad de lucha de las organizaciones sociales, o de comunidades que se movilizan coyunturalmente en momentos de crisis extrema en el acceso a servicios. En este contexto, el gobierno mantiene una política de cero respuestas a las exigencias sociales y judicializa a dirigentes laborales y sociales que convocan protestas o que incluso generen críticas a la gestión pública(6).
Gran parte de las organizaciones sociales (sindicatos, consejos comunales, movimientos sociales, centros de estudiantes, organizaciones ciudadanas) han perdido influencia y capacidad organizativa con la precarización del trabajo y la vida en general, mientras que los partidos buscan mantener una influencia para interponer sus intereses en las decisiones de estas organizaciones, fragmentando la unidad del movimiento social. La crisis de las organizaciones sociales pasa por la falta de relevo generacional, precarias condiciones para la movilización y la comunicación con el sector social que representan, y falta de adaptación a las nuevas formas de trabajo, vida y resistencia social. La desaparición del salario ha sido una forma de acabar con el trabajo formal, por lo que la mayor parte del trabajo ha migrado al ámbito informal (Efe, 2021b), en donde todavía no hay una tradición organizativa que permita expresar demandas colectivas.
La nueva clase trabajadora está compuesta por personas que mantienen múltiples empleos para lograr un ingreso mínimo, en general contratos flexibles para proyectos específicos o por jornadas ocasionales, emprendimientos individuales, comercio informal, en donde la movilidad e individualización de las relaciones laborales a desestructurado a las organizaciones tradicionales del movimiento social y sindical.
Colapso del histórico del Estado rentista y resistencias populares
Cuando empezó la cuarentena y la emergencia de salud en marzo de 2020 por la pandemia de covid-19, el país se paralizó varias semanas, intentado descifrar en qué consistía la nueva situación a la que nos enfrentábamos. Por un lado, había un riesgo de salud, agravado por la crisis estructural en la que se encontraba todo el sistema de salud pública, por otro lado, la mediática de pánico global era respondida con una militarización del país, como si efectivamente se tratara de una situación de guerra más que una emergencia sanitaria; un verdadero acontecimiento biopolítico (Denis, 2020) que transforma y acelera la crisis de la democracia y la economía en un mundo al límite de la globalización.
Después de semanas de una paz silenciosa y una paralización de actividades, comenzó una agudización de la crisis social. La economía informal en las calles que había absorbido gran parte del trabajo exiliado del empleo formal, ahora quedaba totalmente limitada; al mismo tiempo, la militarización del territorio agudizó el fenómeno de la matraca como una especie de impuestos y alcabalas parainstitucionales que encarecen el transporte y la economía interna, fundamentalmente de los pequeños productores y de la economía social(7).
La crisis internacional del petróleo, la crisis estructural de Petróleos de Venezuela S.A. (desmantelamiento de la industria, falta de inversión, mínima producción y mayor dependencia de importaciones) y la crisis por tráfico de combustible condujeron a una crisis de abastecimiento de gasolina y diésel en donde se empezaron a generar colas de varios días e incluso semanas para abastecerse, obstaculizando el funcionamiento general de la economía y el trabajo, situación que afectó con mayor fuerza al interior del país (OEPV, 2020). Al mismo tiempo, las remesas que habían sostenido un aumento de la capacidad de consumo durante el 2019, se reducen drásticamente en aproximadamente 55,8% (Tal Cual, 2021) debido a la crisis social y económica que la pandemia había significado en el mundo, y particularmente en los países de la región que recibieron la ola migratoria venezolana (Perú, Colombia, Ecuador, Chile).
La lucha social contra el desmantelamiento de lo público
La crisis de hambre, desidia de las instituciones, el colapso de los servicios públicos, la violencia y la tendencia mafiosa del Estado, generó una ola de movilizaciones que se intensificaron en las ciudades pequeñas del interior del país y de protestas espontáneas relacionadas por la falta de servicios y el desabastecimiento de combustible; la crítica situación, por ejemplo, de la escasez de gas doméstico, llevó a que se utilizaran cocinas a leña en 90% de los municipios del país, durante días, semanas e incluso meses, generando un aumento de la tala y la deforestación (El Nacional, 2020).
En agosto de 2020 se realizaron más de 700 protestas en el país (OVCS, 2019b), luego en septiembre estalla una rebelión coyuntural en muchas ciudades pequeñas. En las ciudades de Urachiche, Nirgua, Chivacoa, San Felipe, Aroa y Yaritagua (Yaracuy) se desarrollaron movilizaciones masivas de la población a partir de una convocatoria generada en un primer momento por Edito Hidalgo, un líder regional de la Alianza Popular Revolucionaria (coalición del chavismo antimadurista que respalda la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela) para repudiar la crisis de los servicios y la precarización de los salarios, a la que luego se suman espontáneamente la militancia de diversos partidos de oposición y de otras organizaciones sociales. El impacto mediático de las movilizaciones y la posterior represión, motivó a que se realizaran protestas similares en otras ciudades pequeñas y pueblos de Guárico, Bolívar, Aragua, Lara, entre otras regiones del país (El País, 2020).
En Petróleos de Venezuela S.A. comenzó un proceso de conflictividad frente a la eliminación de derechos laborales y la precariedad del trabajo. El sindicalista petrolero Eudis Girot, desarrolló una campaña desde mediados del año para denunciar el tráfico de combustible, la crisis de producción de gas doméstico, gasolina y diésel, el saqueo de los recursos de la empresa por parte de los mismo gerentes y directivos, además de convocar constantes protestas por mejores salarios y por recuperar el seguro médico que había sido suspendido por la empresa (una de las causas más importantes de la protesta era la cantidad de trabajadores y jubilados que morían por no poder acceder a la asistencia médica, en el contexto de pandemia). Girot fue detenido por la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar (DGCIM) en noviembre de 2020, siendo acusado por “terrorismo” al realizar las denuncias públicas contra la corrupción(8).
Las asociaciones de jubilados petroleros también empezaron un ciclo de protesta por el robo de su fondo de jubilación, que llegó a contar con 5 mil millones de dólares, mientras que en la actualidad reciben una pensión de un dólar. Los jubilados han mantenido acciones de protestas durante el 2021, sin tener alguna respuesta de las instituciones (El Estímulo, 2021).
Durante el 2021 el movimiento sindical viene de movilizaciones continuas, pero también de una dura represión que acumula a más de 150 trabajadores judicializados y con una base cada vez más desmovilizada por la precariedad, el sobre-trabajo para la sobrevivencia y el éxodo hacia el trabajo informal; los despidos sin ningún tipo de regulación también han disuadido las iniciativas de protesta en los centros de trabajo.
El movimiento sindical atraviesa una crisis profunda; el gigantesco sector público que había crecido con la renta petrolera está siendo desmantelado llevando a una crisis en universidades y escuelas públicas, centros de salud, empresas de servicios básicos, empresas básicas, Petróleos de Venezuela S.A., instituciones burocráticas, en donde estaba afiliado el 80% del movimiento sindical (OVAS, 2019). Los ingresos salariales se han disuelto, mientras que los pagos a través de bonos (sin incidencia salarial) se han oficializado tanto en el sector público como privado. Las prestaciones sociales, ahorros, seguros médicos, derechos laborales, la inamovilidad del empleo, se han desvanecido en un proceso de precarización y flexibilización extrema del trabajo. Al mismo tiempo, el movimiento sindical no ha podido renovarse debido al control que ejerce el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones sindicales, y por la división y fragmentación de organizaciones, federaciones y centrales que atraviesa a todo el movimiento; un efecto de la polarización y la política de promoción de sindicatos paralelos desde el año 2000 (Ídem). La precariedad ha afectado con más intensidad a las y los jubilados y pensionados que solo perciben el pírrico salario de 1 a 5 dólares y no perciben los bonos de los trabajadores activos, por ello las protestas de las asociaciones de jubilados han tenido un importante protagonismo durante este período, mientras que los jóvenes están cada vez más ausentes en el sindicalismo (Ídem).
La reestructuración gubernamental como consecuencia de la crisis del modelo rentista ha desmantelado progresivamente la estructura del sector público dedicada al resguardo de derechos fundamentales como la educación, la salud y los servicios básicos, acabando con los ingresos salariales y con el financiamiento de la política social, planteándose una resistencia social en defensa de lo público y el bien común.
Pero no es posible -ni deseable- recuperar el pacto social del modelo rentista, más bien toda forma de estatización ha terminado en prácticas que tienden más a la privatización de los recursos que a la gestión en torno al interés público. La resistencia social necesita plantearse el reto de reconstruir lo público desde prácticas democráticas que vayan más allá de los límites del Estado. La caída del modelo de redistribución rentista, abrió una disputa abierta entre la acumulación mafiosa de recursos que sostiene el grupo gobernante y la valorización de las condiciones de vida que se plantea desde la lucha social, es sobre este eje de conflictividad en donde se definirá la política social, y, sobre todo, la administración de los recursos comunes.
Notas
- Ver: Venezuela: reestructuración en proceso (III).
- El 20 de agosto entró en vigencia la reconversión monetaria, acompañada de un aumento del salario mínimo de aproximadamente 1,3 a 30 dólares, y una devaluación de la moneda del 96%, en un contexto de hiperinflación. Para septiembre ya el aumento salarial es reducido a la mitad por la inflación. El gobierno entrega bonos a través del sistema del carnet de la patria y aumenta el IVA (impuesto al valor agregado) del 12% al 16% (France 24, 2018). Este paquete de medidas logra paliar la conflictividad por breves semanas, para luego desatar la hiperinflación y una nueva crisis del ingreso salarial.
- El sistema de bonos que empieza aplicar el gobierno, consta de una gran y diversificada cantidad de bonos para cubrir asistencialmente diversas situaciones (desde lactancia materna, discapacidad, hasta por número de hijos o por motivos vacacionales), sin embargo, los montos suelen ser equivalentes de 1 a 4 dólares aproximadamente, consistiendo en un paliativo ínfimo además de que son administrados con una opacidad general. (Transparencia Venezuela, 2019) (El Diario, 2022).
- Ver: Venezuela: reestructuración en proceso (III).
- Se puede obtener una referencia del estatus cotidiano de los servicios públicos a través de los informes de observatorios y organizaciones no gubernamentales como por ejemplo el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.
- Un caso representativo entre muchos, fue la detención de un sindicalista del sector eléctrico que había advertido en un audio la posibilidad de un colapso del sistema día antes de que ocurriera, la detención se hizo bajo la sospecha de causar pánico, cuando el trabajador más bien denunciaba la desidia y el riesgo del sistema eléctrico nacional (La Verdad, 2018).
- Ver el funcionamiento de las matracas como impuestos para-institucionales en Venezuela: reestructuración en proceso (II).
- El ciclo de protestas y denuncias durante este período está registrado a través de la cuenta en la plataforma de Twitter de Eudis Girot: @EudisGirot, de hecho, las denuncias realizadas por esta cuenta son “las pruebas” de la acusación por terrorismo en su proceso judicial.