Venezuela: Confrontación política, límite de la polarización y crisis de la representación

Venezuela: reestructuración en proceso (III)

Venezuela: Confrontación política, límite de la polarización y crisis de la representación

Después de las elecciones legislativas del 6 de diciembre del 2015 en las que ganó la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro acelera la tendencia a profundizar prácticas autoritarias, en función de impedir que sea destituido por la Asamblea Nacional (AN), por la movilización social o mediante procesos electorales (a través del impedimento del referendo presidencial del 2016 y la postergación arbitraria de los procesos electorales regionales a partir de este año). Este proceso llega a su mayor tensión cuando en marzo del año 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (1) decide abrogarse las competencias de la AN y retirar la inmunidad parlamentaria mediante las sentencias 155 y 156. La indignación general se expresó rápidamente. Un día después de las sentencias, Luisa Ortega Díaz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirma que hay una ruptura “del hilo constitucional” y abre un quiebre institucional. 

En el contexto de un 80% de rechazo al gobierno después del año 2016 en donde estalla la crisis económica (Keller, 2016), comenzó un ciclo de protestas masivas lideradas por los partidos de oposición (fundamentalmente del llamado G4) (2), exigiendo el reconocimiento a la AN, la realización de los procesos electorales postergados y la liberación de presos políticos.

La protesta logró convocar a un gran movimiento social en donde el encuentro en la calle adquiría un sentido de resistencia ciudadana y democrática, que desbordaba a los propios partidos políticos. A su vez, la dura represión ejercida por la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y grupos para-policiales formados por el partido de gobierno, contuvieron con violencia a las movilizaciones, incrementando progresivamente el número de muertos en manifestaciones por acciones de la policía, fundamentalmente a partir de la implementación del Plan Zamora 200 el 18 de abril (CDH-UCAB, 2017). 

Estrategias, tendencias y quiebres del 2017 

Las masivas movilizaciones, la represión y la violencia, da paso a un conflicto social agudo de varios meses. La dirección del G4 busca un quiebre del apoyo militar e institucional del gobierno o de forzar una negociación en base a sus exigencias, y a su vez contiene la movilización -que tendía a convertirse en una revuelta popular- para evitar que se desborde su liderazgo político. 

En la movilización confluyen organizaciones sociales que participaban en las protestas con iniciativas autónomas, generando acciones comunicacionales y de protesta no-violenta, promoviendo la participación ciudadana de manera alternativa a las dirigencias partidistas tradicionales; tratando de responder a la represión con cantos, consignas e iniciativas para despolarizar la confrontación política, evitar que se imponga la violencia y afirmar el carácter democrático y ciudadano de la movilización. Varios de estos grupos se organizaron en experiencias como el Laboratorio Ciudadano de Protesta No-Violenta Activa, y abrirán una trayectoria en el movimiento social y ciudadano de los años siguientes (Linares, 2018). 

Al mismo tiempo la indignación frente a la violencia del Estado y la escalada de muertos en las manifestaciones, provocó la creación de grupos espontáneos de “resistencia” que buscaban mantener la protesta con acciones violentas, y que mantenían una presencia en el imaginario de la movilización que acentuaban la polarización y la confrontación contra el chavismo en su conjunto; generaron un gran impacto en las redes sociales a través de cuentas anónimas que llamaban a la rebelión. Estos grupos tendían a distanciarse de los partidos por su falta de determinación, pero también desconfiaban de la protesta pacífica que promovían otros movimientos, los “encapuchados” de la resistencia se constituyeron como uno de los movimientos más relevantes y difundidos de las movilizaciones (El País, 2017a).

Mientras la protesta se agudiza, crece la represión y la línea violenta del conflicto; los partidos políticos empiezan a diferenciarse entre unos más proclives a aumentar la presión de la movilización hasta la caída del gobierno y otros a buscar mecanismos de negociación a medida que bajaban la presión de calle. El movimiento de protesta se enfrenta a una tensión entre la radicalización de grupos de “resistencia”, los llamados a la protesta pacífica y ciudadana, y el desgaste de la convocatoria. Tras un saldo 163 muertos para el mes de agosto (después de 4 meses de protestas), además de miles de heridos y detenidos (OVCS, 2017) la movilización tiende a decrecer. 

El 16 de julio la AN plantea una consulta nacional para convocar elecciones generales, relegitimar la autoridad de la AN y rechazar la convocatoria gubernamental a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) (3). La consulta logra la participación de 7 millones de personas (El País, 2017b), sin embargo, la oposición no tiene la capacidad para hacer cumplir los resultados de la consulta (obviamente desconocida por el gobierno), entre el reflujo de las movilizaciones masivas y las diferencias en torno a la dirección del movimiento. La tesis de presionar al sector militar para que le diera su respaldo a la AN nunca llega a producirse más que en ocasiones particulares (4) y espectaculares, que no logran fracturar a la institución militar.

El 30 de julio se lleva a cabo la elección de la ANC sin la participación de la oposición, con casi 60% de abstención y con poca credibilidad (BBC, 2017a). La ANC fue electa con presencia absoluta del PSUV y se impuso de manera “plenipotenciaria”, ocupando las funciones legislativas, sustituyendo a la fiscal general disidente con un miembro leal al ejecutivo, y formalizando la ruptura con la constitución.

Dentro del conjunto de movimientos y organizaciones que formaban el chavismo, el gobierno había logrado una progresiva imposición burocrática de la dirigencia del PSUV sobre todas las iniciativas que intentaron organizar alguna forma de chavismo crítico o autónomo al gobierno; se trata de un proceso de captura institucional del movimiento popular que empieza con la propia fundación del PSUV en el año 2007 (Denis, 2021). El chavismo disidente y los sectores descontentos del movimiento popular tendieron a fragmentarse y debilitarse, mientras que permanece un chavismo oficial desde los movimientos institucionalizados y formados desde el Estado. Al momento de las protestas del 2017 el chavismo descontento está desarticulado por la precarización económica, mientras que los movimientos institucionalizados en conjunto con la base social construida en torno al “partido-estado” se movilizaron por la defensa del gobierno y la legitimación de la ANC. 

Aunque algunas organizaciones y referentes sociales y políticos del chavismo crítico o de la izquierda autónoma al chavismo participaron en las movilizaciones opositoras, rechazaron la violencia y la represión, o llamaron a retomar el hilo constitucional y el dialogo; su participación estuvo al margen del movimiento, tanto por su propia debilidad como organizaciones, como por el clima de polarización política y la identificación “anti-chavista” de la movilización opositora. A su vez, la apatía y las dinámicas de sobrevivencia que había impuesto la crisis económica desde el año anterior, ayudaron a disolver cualquier iniciativa de este sector en el contexto del conflicto político del 2017. Entre las referencias del chavismo crítico se encontraban exministros del gobierno de Chávez, intelectuales, la fiscal Luisa Ortega Díaz e instancias como la Plataforma en Defensa de la Constitución (BBC, 2017b) y pequeñas organizaciones políticas, sin embargo, no se logró consolidar como un movimiento orgánico más allá de una corriente de opinión.

Consolidación autoritaria

La ANC agenda las elecciones regionales y municipales que habían sido postergadas por el gobierno en años anteriores por “falta de gobernabilidad”, al mismo tiempo que comienzan a decretar leyes para el control político y criminalización de la disidencia como la Ley contra el Odio del 2017 (ver parte I), en función de garantizar la “paz” según la interpretación gubernamental. En los años siguientes se ocupa de la agenda económica, aprobando la eliminación del control de cambios, los presupuestos del Estado y posteriormente en el 2020 la Ley Antibloqueo para la privatización secreta y discrecional de las empresas públicas en un contexto de liberalización mafiosa de la economía (ver parte II).

El descontento de las bases sociales que se manifestaron y resistieron a la violencia gubernamental durante meses sin lograr alguno de los objetivos que se habían propuesto, dio paso a un profundo escepticismo hacia las direcciones políticas e incluso hacia el futuro del país, dejando de participar en las convocatorias públicas y luego expandiendo la ola migratoria que había producido la crisis económica. Así comienza un proceso de cierta estabilización de la gobernanza autoritaria y una profunda crisis de la oposición tradicional.

La polarización chavismo-oposición como estrategia de confrontación llegó a su tope y al mismo tiempo se volvió en contra la capacidad democrática de la movilización. Al momento en que la protesta es arropada por la política de los dos bloques hegemónicos organizados en torno a identidades políticas/partidistas/ideológicas, y no en base a los descontentos y exigencias que convocaban las protestas, el juego de poder de las dirigencias sustituye a la amplia colectividad que se moviliza. Una expresión de esto, van a ser los varios procesos infructuosos de negociaciones entre la oposición y el gobierno, en donde el secreto y la falta de información confiable, aseguran la exclusión de las mayorías de los acuerdos y desacuerdos de la clase política, y generaban un clima de desconfianza hacia la dirigencia (Efe, 2017. Contexto Diario, 2017). 

La polarización impidió el encuentro entre el descontento de oposición y el del chavismo, impidió que los sectores heterogéneos que se movilizaron sean reconocidos y exacerbó la violencia que terminó en una paz impuesta por la represión. Durante el último período de nuestra historia reciente, la polarización ha sido utilizada para imponer lealtades automáticas en ambos bloques en función de una lógica de guerra en torno al poder, en donde los mecanismos democráticos que legitiman a las dirigencias políticas quedan en segundo plano y son sustituido por códigos de lealtad y obediencia; es por ello que la polarización ha formado parte de los fenómenos que asentaron la tendencia autoritaria en la política venezolana en general. 

Último acto de la AN y transformaciones de la clase política

Poco después de su elección, la ANC convoca a elecciones regionales para octubre del 2017. En la elección la oposición logra ganar 4 gobernaciones, sin embargo, la ANC exige que sean juramentados y legitimados por esta institución, que la AN y la oposición no reconocen. Tres gobernadores acceden y son expulsados de los partidos de oposición, mientras que el elegido por el Estado Zulia se niega. En las elecciones municipales de diciembre del mismo año la oposición del G4 no participa debido a las medidas impuestas por la ANC, además se repite la elección por la gobernación del Zulia, la cual gana el PSUV. 

Luego se convocan a elecciones presidenciales para el 2018, la oposición tradicional decide desconocer la elección, mientras que un sector de la oposición liderado por Henri Falcón (del partido Avanzada Progresista -AP-, un partido con base regional en el Estado Lara que se había separado del chavismo durante el gobierno de Chávez) se erige como el único candidato de oposición y sin el apoyo del resto de partidos. La abstención de la mayor parte de la oposición y el control absoluto del proceso electoral por parte del gobierno deriva en una previsible victoria de Nicolás Maduro, quien comienza un nuevo período presidencial. La oposición que se agrupa con Falcón, así como nuevos partidos que se crean en este momento como Esperanza por el Cambio del empresario y pastor evangélico Bertucci (5)o Cambiemos creado el 2018, auspiciado por Rodríguez Zapatero y presidido por Timoteo Zambrano (El Mundo, 2021) (6), suponen los primeros pasos de una nueva oposición que va desarrollarse al calor de encuentros, diálogos y acuerdos con el gobierno de manera independiente a la oposición tradicional del G4. 

Durante el año 2018, la AN y los partidos del G4 acuden a rondas de diálogo con el gobierno con muy poca información clara para el país y con una tendencia al fracaso de los acuerdos; mientras el dialogo dividía a la oposición y generaba una gran incertidumbre en cuanto a la actitud de la dirigencia, el gobierno lleva a cabo el cronograma electoral y aprovecha el mal momento de sus adversarios (NYT, 2018). Por otro lado, la protesta social y reivindicativa toma un mayor protagonismo; los partidos opositores intentarán infructuosamente remontar el descontento social, mientras que tiende a crecer un sector de la población independiente y que rechaza tanto al gobierno como a la dirigencia opositora.(7) 

La “presidencia” fallida de Guaidó

En enero del 2019 la Asamblea Nacional declara como usurpador a Nicolás Maduro en desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018, y nombra -simbólicamente- al diputado Juan Guaidó como “presidente encargado”, retomando la iniciativa política, y logrando convocar nuevas movilizaciones masivas en apoyo a esta estrategia. La iniciativa de la oposición logra entusiasmar y crear una expectativa en torno al compromiso de Guaidó para lograr el “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” (Guaidó, 2019). 

Aunque vuelve a tomar fuerza el discurso de la polarización política, también se revela una nueva realidad, en donde más del 80% del país rechaza al gobierno y una gran mayoría respalda la convocatoria de la AN (Provea, 2019). La vuelta de los partidos de oposición a la dirección de la conflictividad, desarticula a las movilizaciones de corte social y reivindicativo que reunían a activistas y militantes de diversas corrientes políticas, por las diferencias en torno a reconocer o no al gobierno interino de Guaidó. La oposición busca que la mayor cantidad de organizaciones y países, reconozcan la presidencia de Guaidó (consiguiendo el respaldo de 60 países) para fortalecer una legitimidad nacional e internacional, mientras que el gobierno de Maduro sigue ejerciendo la autoridad real. A su vez, la oposición trata de diseñar un liderazgo personalista y carismático a través de la figura de Guaidó, de cierta manera artificial, pues hasta entonces había sido un diputado joven y poco conocido, que ahora surgía como líder indiscutible de la oposición, anunciando un pronto final para el gobierno de Maduro (El Mundo, 2019a).

Al comienzo del año 2019, Guaidó convoca movilizaciones masivas y aumenta la conflictividad política, sin embargo, la estrategia del gobierno interino pasa a enfocarse en la política internacional a partir del reconocimiento de gran parte de los países de Europa y América. También obtiene financiamiento internacional para su gestión y para la administración de ayuda humanitaria, fundamentalmente de parte del gobierno de Donald Trump en los EE.UU. (BBC, 2020a). 

Al poco tiempo se dejan de lado las convocatorias masivas en la capital y Guaidó propone una estrategia para apoyar el ingreso de camiones con ayuda humanitaria internacional hacia Venezuela, los cuales Maduro rechaza por considerarlo una acción intervencionista extranjera en el país. La estrategia consiste en convocar un concierto llamado “Venezuela Aid Live” con artistas comerciales internacionales en la ciudad fronteriza de Cúcuta en Colombia, y una movilización al día siguiente para apoyar el ingreso de los camiones con la ayuda humanitaria internacional. Los conciertos logran un éxito comunicacional (a su vez el gobierno genera su propia movilización y concierto “anti-imperialista” en donde llegan a participar músicos aliados de fama internacional), la movilización de Cúcuta a Venezuela es reprimida y obstaculizada con camiones en los puentes fronterizos, mientras que varios diputados de la oposición enviados por el gobierno interino de Guaidó son acusados de tramas de corrupción en la gestión de la ayuda humanitaria en Cúcuta (NYT, 2019. BBC, 2019a. BBC, 2019b).  La estrategia fracasa, la trama de corrupción y la mala gestión de la situación debilitan el recién emergente liderazgo de Guaidó, y la presión de calle queda suspendida. 

Meses después del fenómeno generado por la proclamación Guaidó, tras la ausencia de una estrategia concreta para llegar a ser gobierno con una autoridad real, vuelve a aumentar el escepticismo frente a la política de la oposición, mientras que un sector más radicalizado exige el llamado a una intervención extranjera que instale por la fuerza al gobierno interino. Aunque Guaidó estimula esta expectativa al aliarse estrechamiento con Donald Trump en EEUU, nunca llega a plantearse esta posibilidad de manera oficial, tan sólo como un rumor (CNN, 2019). El 26 de septiembre del 2018, Trump había afirmado que “todas las opciones están sobre la mesa” generando una tensión momentánea sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, sin embargo, nunca se generó una acción o declaración formal que indicara un paso real hacia ello. 

La última acción de fuerza del interinato será la de promover un movimiento de desobediencia militar con el apoyo de un pequeño grupo disidente de las fuerzas armadas y de la policía política. En la mañana del 30 de abril de 2019 el grupo disidente libera al líder de Voluntad Popular Leopoldo López (líder del mismo partido de Guaidó, en prisión domiciliaria y judicializado desde las protestas opositoras del año 2014) y se instalan en la autopista Francisco Fajardo convocando al apoyo popular y militar. El intento no logra el apoyo militar, Leopoldo López se repliega a una embajada y la movilización se disuelve. Después del fracaso de la acción y el desconcierto de la mayoría de la oposición sobre lo sucedido, el gobierno interino empieza a perder legitimidad y capacidad de convocatoria, bajando su apoyo tan rápido como subió, hasta finalizar el año con casi el mismo rechazo que el gobierno de Nicolás Maduro (El Nacional, 2019); con una política dedicada casi exclusivamente a la presión internacional y de apoyo a sanciones económicas internacionales al país. 

EE.UU. había promocionado, financiado y legitimado internacionalmente la estrategia de Guaidó. Incluso el gobierno de Trump participó en la acción del 30 abril, bajo la premisa de que la oferta de beneficios a altos miembros del gobierno, podrían generar la fisura que buscaban en el Estado (El Mundo, 2019b). Después del fracaso de esta estrategia, se mantuvo la presión para lograr una negociación hacia un “cambio de gobierno” a través de las sanciones económicas (France 24, 2020), lo cual tampoco generó algún asidero. 

Crisis de la Asamblea Nacional

El 5 de enero del 2020 se tenía previsto la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La oposición tenía planeado reelegir a Juan Guaidó para continuar con la estrategia del gobierno interino, sin embargo, el gobierno provoca un cambio sorpresivo. Mientras un operativo militar obstaculiza y entorpece la entrada de los diputados opositores al Palacio Legislativo, un pequeño grupo de diputados de diferentes partidos del G4 se “rebela” a su línea partidista y en conjunto con los diputados del PSUV eligen una Junta Directiva distinta a la prevista, encabezada por los diputados “rebeldes” en el marco de la confusión generada por el operativo militar. 

La nueva Junta Directiva no cuenta con la mayoría de votos, se elige en un escenario desorganizado donde participan sin ninguna regularidad tanto diputados principales como suplentes, sin un registro formal de la votación y con el apoyo mediático del gobierno. Esta nueva oposición, reclama el fracaso de la estrategia “intervencionista” de Guaidó, y propone la apertura de negociaciones con el gobierno de Maduro para “re-institucionalizar” el país; por otro lado, los diputados alineados con Guaidó generan un acto por su propia cuenta donde relegitiman su presidencia (BBC, 2020b) llegando al límite de la creación de instituciones paralelas (la AN  había proclamado en algún momento su propio TSJ, que “actuaba” desde el exilio) de una polarización cada vez más instrumentalizada para justificar a las respectivas dirigencias, que una expresión genuina de la subjetividad social.  

Este quiebre partidista sería incomprensible si no se toma en cuenta una investigación realizada semanas antes por el portal web Armando.info, en donde exponen un caso de corrupción en el que el empresario Alex Saab, relacionado al gobierno por la importación de alimentos para las cajas CLAP, habría entregado dinero a unos diputados de la oposición (los mismos que se “rebelaron”) para realizar un lobby que llevó a la eliminación de algunas sanciones que Estado Unidos le había impuesto a este empresario (Armando.info, 2019). Aunque la colaboración entre el gobierno y estos nuevos sujetos “opositores” es evidente, la propaganda gubernamental intenta generar la idea de que se trata de una fractura política genuina de la oposición contra la dirección favorable a las sanciones internacionales (la presidencia encargada de Guaidó) y su falta de “nacionalismo”, sin embargo, la interpretación más común en el país, es que se trata de un intento del gobierno de fabricar su propia oposición a través de tramas de corrupción.

La nueva presidencia de la AN se impone a través del control militar del Palacio Legislativo (con apoyo del gobierno y el PSUV) y se desconoce al grupo mayoritario de diputados que se mantienen el respaldo a Guaidó. Las negociaciones abiertas entorno al CNE para realizar unas elecciones parlamentarias en diciembre del 2020, colocan a la oposición entre la necesidad de mantener el reclamo de ilegitimidad del gobierno y la necesidad de vincularse con los próximos escenarios electorales debido al riesgo de auto-marginarse de la disputa democrática-electoral por el poder. (8) 

Elecciones y reestructuración de la clase política 

Desde finales del año 2019 el gobierno había instalado una mesa de negociación con los sectores de la “nueva oposición”, Avanzada Progresista (Henry Falcón), Cambiemos (Timoteo Zambrano), Esperanza por El Cambio (Javier Bertucci) y Soluciones (Claudio Fermín) (9)en función de reconstruir una ruta electoral, empezando con la elección de los nuevos rectores del CNE y la planificación de la elección legislativa establecida para el 2020 (France 24, 2019). Esta nueva oposición busca construir una referencia política independiente pero también conciliadora, a partir de nuevos, pequeños y poco representativos partidos de oposición (a excepción de AP con trayectoria regional en el Edo. Lara), que han surgido tras su participación en la mesa de negociaciones con promoción comunicacional y logística del gobierno reconocida popularmente como la “mesita” (Tal Cual, 2019); construyendo un discurso en el que se desmarcan del “intervencionismo”, se promueve una negociación con el gobierno a partir del reconocimiento de las instituciones y la autoridad del gobierno de Maduro, y concertando la realización de la agenda electoral.

Los diputados que se “rebelan” al G4 el 5 de enero del 2020 obtienen la directiva de sus respectivos partidos a través de asignaciones impuestas ad hoc por el TSJ, en medio del rechazo de mayor parte de sus estructuras respectivas (OEV, 2020). Esta práctica también se ejecuta contra partidos que formaban parte de la alianza con el PSUV y que ahora giran hacia una ruptura, en donde se nombran nuevas directivas con sujetos que mantienen la alianza con el PSUV a contravía de la militancia partidista, e intentando debilitar el desempeño electoral de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), la coalición de partidos y movimientos de un sector del chavismo disidente (Contrapunto, 2020a).

El CNE se renueva mediante las negociaciones con la “mesita” y se convocan a las elecciones legislativa del 6 de diciembre del 2020, en donde no participa la oposición tradicional del G4 (apegada al respaldo a Guaidó), aunque si sus tarjetas bajo el control de las directivas ad hoc. Las nuevas oposiciones que nacían de las negociaciones diseñadas por el gobierno y las intervenciones del TSJ, obtienen pequeñas votaciones, frente a un 62,43% del PSUV, y apenas 20 diputados de 277, en el contexto de una abstención del 69,54% (CNE, 2020). Con la nueva AN, la ANC deja de ejercer funciones sin adelantar un proyecto de constitución, su único y evidente objetivo real fue legitimar el autoritarismo y la “paz” del gobierno.

 Durante el 2021 se generan nuevas mesas de negociación, ahora en México y con el G4, de ahí se vuelve a renovar el CNE con representantes directos de la oposición tradicional, logrando ampliar un poco su credibilidad para convocar a las elecciones regionales del 21 de noviembre del 2021. En estas elecciones participan las 2 oposiciones y algunos sectores independientes, logrando en conjunto una mayor votación que el gobierno, pero sólo ganando 4 gobernaciones (de 23), en un escenario más heterogéneo de las fuerzas políticas de oposición. La abstención sigue jugando un papel determinante, superando el 55% del electorado (Tal Cual, 2021).

El G4 participa a través de la tarjeta de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), con la cual ganaron en las elecciones del 2015, alcanzando el 26,24%. Las nuevas oposiciones forman una alianza de pequeños partidos llamada “Alianza Democrática” (en la que se incluyen los partidos de la “mesita”, las tarjetas partidistas con directivas ad hoc, entre otros pequeños partidos independientes de oposición) que llega a 16,72%, mientras que surgen otras fuerzas políticas independientes (tanto del G4 como de la Alianza Democrática) con votaciones importantes en algunas regiones, como el caso de los alcaldes de los municipios acaudalados del este Caracas que crearon el partido Fuerza Vecinal (FV) que obtuvieron un 45,70% de la votación en el edo. Miranda, 13% en el turístico estado de Nueva Esparta, y 5,26% a nivel nacional (CNE, 2021).

Por su parte, la oposición de izquierda agrupada en la APR cuenta con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en el 2020 obtiene una pequeña votación de un 2,72% a nivel nacional (CNE, 2020), mientras que en el 2021 disminuye un poco más, expresándose la falta de una renovación del proyecto político después del colapso del proceso bolivariano y el chavismo. También se destaca una discriminación y exclusión particular del gobierno contra este sector -y cualquier alternativa de oposición que se plantee desde el chavismo crítico o la izquierda- evidenciada incluso por el informe de los observadores electorales de la Unión Europea (El Informador, 2021). 

Empresas de la representación, despolarización y el espacio de la no-representación 

Las propuestas políticas o programas de gobierno tienden a vaciarse de contenido, en campañas en donde el único mensaje es el llamado a votar por lo que sea, “el cambio”, “la esperanza”, “el futuro”, “la prosperidad”, gritos desesperados por legitimar los mecanismos de representación que agonizan frente a una población indiferente y envuelta en su propia sobrevivencia. El colapso de la polarización abre una crisis en la representación política y da paso a una despolarización mediatizada por el nuevo cuadro fuerzas políticas, pero también disputada por la abstención y el descontento social.

Gran parte de las nuevas tarjetas electorales de las nuevas oposiciones conciliadoras, surgen con financiamientos externos, es decir, se trata de inversiones en el mercado de la representación de distintos grupos de poder. Empresarios importadores relacionados al gobierno en el caso de los partidos dirigidos por las juntas ad hoc, la red empresarial asociada a la Iglesia Maranatha y al lavado de dinero en el caso de Bertucci, el apoyo de Rodríguez Zapatero en el caso de Cambiemos, entre otros. Cada uno de estos partidos se identifica con distintos perfiles ideológicos e incluso antagónicos (por ejemplo, Cambiemos promueve una agenda “progresista”, mientras que Esperanza por el Cambio es un movimiento evangélico y conservador, ambos forman parte de la Alianza Democrática), sin embargo, la política ideológica resulta cada vez más residual a los intereses y relaciones clientelares que la respaldan (una tendencia de toda la política representativa en general). A su vez, estos partidos han obtenido su tarjeta electoral de manera expedita y sin mayores regulaciones, mientras otros partidos son inhabilitados o intervenidos, colocándolos en una posición privilegiada para captar liderazgos y activistas a partir de la oferta de su espacio en el tarjetón electoral. 

La estrategia de “las nuevas oposiciones” trata de captar el voto disperso del descontento independiente, sin embargo, tanto en las elecciones del 2020 como del 2021, la votación es bastante baja para el contexto de rechazo mayoritario al gobierno, una consecuencia de una política limitada a la propaganda electoral y sin ninguna relación orgánica con algún sector social, más allá de la propaganda y la distribución clientelar de recursos. La población que opta por la abstención no se siente convocada por estos partidos animados artificialmente y mantiene un rechazo o una indiferencia frente a la clase política en su conjunto, mientras que los que deciden votar, optan por liderazgos tradicionales o con alguna influencia regional. 

El PSUV mantiene una maquinaria electoral alimentada por los recursos del Estado, que, aunque decrece tras cada elección, aún cuenta con aproximadamente un 15% del electorado. Por otro lado, aunque el G4 mantiene el respaldo de la mayor parte de la oposición que decide votar (alrededor del 12% del electorado), la presidencia de Guaidó ha quedado absolutamente desdibujada. La AN elegida en el 2015 también va dejando atrás su funcionamiento, aún sin reconocer las elecciones legislativas del 2020. El acumulado de críticas, opacidades y denuncias hacia su gestión al manejo de los activos de Venezuela en el exterior y de las ayudas sociales (Transparencia, 2021), generaron una pérdida de credibilidad hacia la presidencia encargada, deslegitimando su relato institucional y su capacidad de representar a la oposición. 

La reconstrucción de la representación política se afinca sobre prácticas clientelares, en donde la relación con sectores de la sociedad se construye en gran medida a partir de la distribución asistencial de recursos, alimentos, medicamentos e incluso de ayuda humanitaria (10). La tendencia del mundo partidista es hacia una forma de empresas de la representación, en donde el financiamiento para la distribución de recursos supone la fuente de legitimidad de la autoridad (así como antes hacía el Estado rentista de manera centralizada).

Hay un proyecto de transición, controlado desde los grupos poder que han gobernado, que se han beneficiado y que ha impuesto sus privilegios a contravía de la democracia y las condiciones de vida del común. Se trata de un proyecto para gobernar sobre la sobrevivencia y sin derechos democráticos elementales, como condiciones para la acumulación de poder y capital. Sin embargo, el proceso político sigue indefinido y se mueve al calor de la conflictividad y las articulaciones de intereses que se forman tras cada coyuntura. La representación es un espacio en disputa, pero siempre bajo la forma de la centralización y legitimación del poder, en donde la participación deriva en un simulacro y los procedimientos democráticos tienden a ser digeridos por la relación clientelar y la imposición de hegemonías. Entonces, es en otro espacio, en el de la autogestión de la política, en donde puede haber una vida y sociedad democrática posible.

Mientras la corrupción y la disputa por las rentas ha cruzado a toda la clase política, el descontento se refugia en el espacio de la no-representación, evitando ser capitalizado por viejos o nuevos profesionales de las ferias electorales. La abstención funciona para establecer límites a la legitimación de la política de los grupos de poder, no es en sí un rechazo al voto o a la democracia, sino a la clase política; sin embargo, no es suficiente. La política clientelar tiende a crecer a medida que se forman centros de acumulación de capital, subsidiados por la precariedad de las condiciones de vida y el control autoritario de la conflictividad. Nos preguntamos ¿es posible un proyecto democrático que pueda disputar la representatividad y al mismo tiempo que se constituya sobre la práctica de una autogestión social de la política, es posible que la economía social y la solidaridad puedan disputar el espacio de la economía clientelar y de los centros de acumulación de capital y poder? 

La reestructuración política en Venezuela es un proceso irresuelto y que está lidiando con el vacío dejado por el colapso de los proyectos políticos fundados en la polarización, generando una profunda incertidumbre y que abre una diversidad de posibilidades, determinadas por la voluntad que se despliega sobre ellas. 

Notas

(1)El TSJ fue electo el 22 de diciembre del 2015, fuera del lapso legislativo y días después del triunfo de la oposición del 6 de diciembre, se trató de una movida de poder de la AN saliente dirigida por el PSUV, para incorporar magistrados leales; en los años siguientes el TSJ se convirtió en el “arma” institucional del gobierno para sobreponerse y desautorizar a la AN acusándola de desacato y obstaculizando su funcionamiento, a través de la Sala Constitucional y su “interpretación” de la constitución. 

(2)Se trata de los 4 partidos más grandes que contralaban la mayoría de la AN y ejercían su hegemonía en la oposición, Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

(3)  El 1 de mayo el gobierno convoca a elecciones para la ANC sin pasar por un referendo consultivo y con el apoyo del TSJ, como una estrategia para superar e imponerse sobre el conflicto político, “garantizar la paz” (propósito exclamado innumerables veces por el gobierno), la gobernabilidad y la legitimación de las prácticas autoritarias con las que había desafiado el orden constitucional.  

(4)  El 27 de junio un expolicía del CICPC (policía de investigación criminal y penal) llamado Oscar Pérez pilotea un helicóptero sobre Caracas con una pancarta que dice Artículo 350 (desobediencia civil, invocado por la resistencia y las movilizaciones opositoras) y lanza unas granadas sobre el TSJ sin causar mayor daño. Pérez pasa a la clandestinidad con un pequeño grupo disidente que trata de convocar a través de videos en las redes sociales a los grupos de resistencia e incluso llega a aparecer en algunas manifestaciones. Con el reflujo de las protestas baja su actividad y es asesinado al año siguiente tras un operativo policial y militar en las afueras de Caracas con ejecuciones extrajudiciales y violaciones registradas de derechos humanos. El 6 de agosto del 2017 un fuerte militar cercano a Valencia es atacado por una veintena de personas comandas por el excapitán de las Fuerza Armada Juan Carlos Caguaripano. En el ataque logran llevarse una parte del armamento y huir, sin embargo, Caguaripano y parte del grupo es capturado 5 días después (France 24, 2018).

(5) Bertucci viene con una trayectoria como fundador de la Iglesia Maranatha y del movimiento El Evangelio Cambia de más de 100.000 voluntarios, y con importantes programas nocturnos de la televisión nacional; estuvo detenido en el 2010 por tráfico de combustible con una empresa privada de transporte, luego en el 2016 estuvo vinculado a la denuncia por lavado de dinero de los Panama Papers (El Estímulo, 2018). En el 2018, participa como candidato “independiente” en las presidenciales del 2018, logrando posicionarse como “outsider” e impulsado con la plataforma de la Iglesia Maranatha, obteniendo casi un millón de votos (10,8%), sin embargo, su cercanía evidente al gobierno lo ha desprestigiado y lo disminuyó rápidamente a poco más de 1% (CNE, 2021). Durante el 2019 estuvo entregando comida obtenida a través de la Ayuda Humanitaria en una gira nacional del partido Esperanza por El Cambio como una “ayuda cristiana” (Crónica Uno, 2020).

(6)  Zapatero, el expresidente español, ha sido un promotor constante de los procesos de negociación y ha sido acusado de ser financiado por el gobierno para ello, incluso de haber obtenido “una mina” por su trabajo de mediación (El Mundo, 2020). Con el apoyo de Zapatero, el partido Cambiemos (CMC) intenta posicionarse con una tímida y conciliadora agenda liberal-progresista (Últimas Noticias, 2021), pero su pequeño alcance propagandístico y su nula vinculación con algún sector de la sociedad limitó su votación a menos del 1% (CNE, 2020).

(7) Las protestas sociales del 2018, el crecimiento de un sector independiente y fuera de la representación política y el surgimiento de nuevas prácticas y sujetos en el movimiento social se desarrollarán en el próximo artículo: Venezuela: reestructuración en proceso (IV). 

(8)  Esta misma diatriba se expresa en la política de EE.UU. hacia Venezuela, en donde Donald Trump sube el tono de la presión, mientras que el encargado de la política hacia Venezuela, Eliott Abrams, renueva ofertas de una transición negociada con el gobierno como única salida posible (El Nacional, 2020a). 

(9) Soluciones (SPV) fue un partido impulsado por Claudio Fermín (ex dirigente de la oposición tradicional, con poca participación política en los últimos años) y Juan Barreto (dirigente de Redes, un movimiento del chavismo distanciado del madurismo), promocionándose como la emergencia de un sector despolarizado, democrático y contra los “extremos” (Contrapunto, 2020b), esperando capturar un importante sector del voto independiente, sin embargo, en las elecciones legislativas del 2020, obtiene sólo 1,71% sin lograr un curul en la nueva AN (CNE, 2020).

(10) La Ayuda Humanitaria generada por fondos internacionales ha fortalecido redes de asistencia social gestionadas por ONGs, en algunos casos vinculadas a nuevos liderazgos partidistas. Un caso referencial es el de Roberto Patiño en el Distrito Capital, que disputó la candidatura del G4 y del Partido Primero Justicia con el apoyo de la plataforma de la ONG que preside llamada Alimenta la Solidaridad, la cual mantienen una red de comederos populares en todo el país. Patiño no llegó a ser candidato, pero si logró generar una expectativa de renovación política en la oposición tradicional (Contrapunto, 2021).

Referencias

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