Venezuela: reestructuración en proceso (I)

Crisis de la gobernabilidad y deriva autoritaria

Cuando el modelo rentista llega al límite de su crecimiento en el año 2013, el gobierno de Nicolás Maduro no puede mantener la intensa inversión social que había sostenido el chavismo durante el auge petrolero, vulnerando el esquema de gobernabilidad redistributiva que se había constituido en este período. Bajo la presión del descontento social, el gobierno comienza una profunda regresión autoritaria que le permitiera seguir controlando el poder político y la administración de la renta. Sin embargo, el giro autoritario no se sostiene sobre una fuerte y estable institucionalidad, pues la crisis venezolana parece haber destruido toda coherencia gubernamental en función de mantener los miles de mecanismos de acumulación asociados a la corrupción que se expandieron durante el boom rentista. El autoritarismo del modelo venezolano, más bien se afirma en la descomposición de la institucionalidad, pero no es un vacío lo que deja, sino un entramado de prácticas asociadas al mantenimiento del poder y a procesos de acumulación mafiosos derivados de la corrupción rentista, constituyendo una forma de gobernanza para-institucional.

Con el inmenso caudal de divisas que recibió el país, el chavismo, en su necesidad de recomponer una autoridad política y a su vez responder las demandas del movimiento social del que había surgido, desarrolló una red de distribución clientelar del excedente petrolero que le permitió fortalecer su base social. Los diversos mecanismos de financiamiento de organizaciones sociales, lograban masificar las iniciativas “de base” que proponían los movimientos sociales, al mismo tiempo que los capturaba e incorporaba a la disciplina estatal, fundamentalmente a partir de la nueva estrategia institucional que se formaría a partir de la legislación asociada a los consejos comunales, en los años 2009 y 2010 “con lo cual dejaron de ser autónomos para constituirse en estructuras estatales para la gestión de políticas públicas dictadas por una planificación centralizada” (López Maya, 2012, p. 72). Cada práctica social autónoma era recogida, financiada y reconstruida bajo una figura subordinada dependiente del apoyo institucional y a su vez identificada propagandística y homogéneamente con el gobierno. 

Al igual que el capitalismo rentístico, el neorentismo socialista se sustenta en el extraordinario poder político, económico y social que confiere el control de la renta petrolera. Así, la dominación se logra a través de un sistema de premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores políticos, comprar la simpatía de grupos ambivalentes y castigar o disuadir a los adversarios. Este modelo confunde la sociedad con el Estado y asume que desde el entramado burocrático se representa y defiende el interés social, a pesar de las enormes contradicciones que la sociedad tiene no solo con el mercado sino también con el Estado (Álvarez, 2015, p. 167).

En el año 2014 el ciclo rentista se agota, después de un desfalco histórico de la renta petrolera1, y la expansión de los problemas históricos asociados a este tipo de economías: improductividad nacional frente al fomento a las importaciones debido a la sobrevaloración de la moneda nacional, la dependencia de subsidios estatales y una corrupción estructural como forma de “redistribución” de la renta- con una creciente inflación y la caída de los salarios reales de la población, incluso antes del descenso de los precios del petróleo del año 2015. 

Tensión y reconfiguración de la estrategia gubernamental

La renta petrolera constituyó diferentes grupos de poder que disputaban su captura. Instituciones como la encargada de administrar las divisas o partidas presupuestarias para importaciones, los fondos extra-presupuestarios, las empresas públicas, gobernaciones, ministerios, se convirtieron en las fuentes de acumulación de los distintos grupos que componen la clase política del chavismo. Los militares debido a su posición privilegiada (monopolio de la violencia, control de territorios y fronteras, garante de la estabilidad) son unos de los grupos de poder más importantes y han participado en la distribución de la renta petrolera, ya sea como sector (es el caso de las empresas asociadas al Ministerio de Defensa como la Camimpeg creada en el año 2016, o Banfanb, el banco de las fuerzas armadas) o de manera personal a través de la participación de altos miembros de la fuerza armada en diversos cargos de la administración pública, en el marco de una tendencia a la militarización del gabinete ejecutivo con aproximadamente un tercio de cargos ministeriales durante la gestión de Nicolas Maduro (Nueva Sociedad, 2018).

La clase política que surge en el proceso bolivariano depende del control del Estado, e incluso debido a la maximización de los mecanismos ilegítimos de acumulación, depende del poder para mantener su propia seguridad individual. Por ello, mientras se privatiza la renta petrolera, se desarrolla una tendencia hacia la conservación autoritaria del poder.

En diciembre del año 2015 la oposición logra una mayoría electoral en las elecciones legislativas, sin embargo, el gobierno abre una estrategia de desconocimiento de este poder público, desautorizándolo a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aludiendo a un supuesto fraude electoral en la elección de 3 diputados de circuitos indígenas, cuya investigación quedó prácticamente en el aire. Al año siguiente la oposición comienza el proceso de recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio, después de cubrir el primer paso, el poder judicial vuelve a intervenir invalidando la recolección de firmas en algunas regiones por inconsistencias de las mismas, y rechazando instantáneamente la continuación del proceso para convocar a un revocatorio. En el conflicto político entre el poder ejecutivo y el legislativo, se saldó con la imposición del primero con la ayuda del TSJ, las fuerzas armadas y toda la estructura institucional en general, desconociendo la legitimidad del segundo y el ejercicio de sus funciones. 

El 2016 fue un año de saqueos constantes a lo largo del país, en donde se destacó el “cumanazo” de junio y otras revueltas similares. Aunque el país parecía cada vez más incontrolable, el gobierno logra cercar y reprimir los saqueos, y no permite movimientos expansivos que pudieran recordar al fantasma del caracazo de febrero del 89. Este año empieza a expandir y masificar sus nuevos mecanismos clientelares como una sustitución del salario. Los CLAPs (sistema de distribución estatal de cajas de comida) y los bonos ocasionales resultaron herramientas para contener la crisis de la escasez de productos básicos de este año. A medida que la distribución de los CLAPs empieza a funcionar con mayor estabilidad en los últimos meses del 2016, el descontento popular entro en una relación de dependencia que logró aplacar la posibilidad de estallidos populares o de la expresión masiva del descontento. Tanto en el trabajo como en las comunidades se empieza a producir una relación de chantaje, en donde la caja de productos básicos –de muy baja calidad- es negada para las personas que promuevan expresiones de descontento social y político (Provea, 2019a).

Al final de marzo del año 2017, el TSJ intenta subordinar a la Asamblea Nacional y ocupar directamente las funciones legislativas, dando paso a las protestas que paralizarían al país hasta el mes de junio. Las protestas desestabilizan en gran medida al gobierno y se convierten en la referencia del descontento social generalizado. Sin embargo, el gobierno pudo contener la situación con una fuerte represión que dejó un saldo de 133 asesinados y miles de judicializados arbitrariamente (Provea, 2019b). Por otro lado, la fuerte polarización existente en el país ha dificultado la movilización de sectores descontentos del chavismo y de la oposición tradicional de manera coordinada u orgánica, generando una importante fragmentación del tejido social en general. La represión le dio paso al gobierno para desarrollar una estrategia de imposición autoritaria, ya despojada de cualquier mecanismo democrático (Lander, 2018).

A finales de junio el gobierno organiza la elección de una “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC), con un mecanismo de votación sectorial y condiciones de proporcionalidad de los circuitos territoriales, diseñados para favorecer al gobierno, escogidos arbitrariamente, sin un referendo consultivo previo y sin oposición (al no aceptar las condiciones de electorales impuestas) (El Nacional, 2017). La nueva ANC ha servido para generar leyes y decretos para la persecución política como la “Ley Contra el Odio” (Lander, 2018), además de considerarse un poder “supraconstitucional” que ha suplantado las funciones legislativas. Con la contención de la presión social y política en los años 2016 y 2017, bajo una crisis de hiperinflación y una desvalorización histórica del trabajo la migración se convirtió en la única opción para una gran parte de la población, generando la salida del país de millones de personas en tanto sólo un par de años (Ávila, 2018c). 

La nueva ANC es controlada directamente por el PSUV al punto que no se registraron debates, sino que las leyes se aprobaron por “aclamación”. El gobierno logra completar una narrativa institucional para gobernar a través decretos y postergar procesos electorales. La conflictividad social producto de la precarización del salario a través de la suspensión de los derechos laborales con el memorando 2792 del Ministerio del Trabajo en el año 2018, el colapso de los servicios público (destacando el apagón nacional de marzo del 2019) y la vulneración de derechos humanos, ha sido manejada por el gobierno a través de la represión y judicialización de la protesta con acusación derivadas de la Ley Contra el Odio, por “terrorismo” y “traición a la patria”. Para el año 2021 se han registrado más de 150 sindicalistas y activistas sociales presos, por protestar, denunciar la corrupción o incluso ejercer una opinión crítica al gobierno, con juicios en donde se desconoce el debido proceso y los derechos procesales (Contrapunto, 2021. El País, 2021). La violación de derechos humanos, políticos y sociales, ha sido registrada por instancias internacionales destacándose el informe de la Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela (OACNUDH, 2019). 

Autoritarismo y para-institucionalidad

Con la crisis general del país, el poder de las bandas criminales se incrementó, frente a ello el gobierno plantea una renovación de los cuerpos especiales y un reforzamiento de sus operaciones. El año 2015 comienza el operativo de seguridad llamado Operación de Liberación del Pueblo (OLP), después de los primeros 5 meses ya sumaba 245 fallecidos, en el marco de un incremento general de los asesinatos extrajudiciales (Ávila, 2018b, pp. 194-197). El rearme represivo se suma al debilitamiento de los mecanismos institucionales para la defensa de los derechos humanos elementales. 

Mientras la nómina de la administración pública se reduce debido a la migración y el abandono laboral provocado por los salarios de miseria, los cuerpos de seguridad del Estado se han masificado, incrementando su nómina exponencialmente (Ávila, 2019, p. 26). Se fortalece la presencia de los cuerpos de inteligencia, el SEBIN (policía) y DGCIM (militar), que junto al FAES (cuerpo policial de acciones especiales) son utilizados para la investigación y persecución a dirigentes políticos y sociales adversos al gobierno con la utilización de la Ley Contra del Odio (Provea, 2018).

El FAES también es reconocido por la gran cantidad de detenidos por delitos y corrupción entre sus miembros, incluso se han generado conflictos públicos y confusos entre el FAES y otros cuerpos policiales como el CICPC2. Se trata de un cuerpo policial irregular, en donde la violencia contra los derechos políticos es una práctica tan grave como la actividad delictiva (Ávila, 2018a).

…esta violencia institucional letal e ilimitada tiene, al menos, 3 funciones latentes: 1) Legitimar simbólicamente a las autoridades a través de campañas épicas, en ocasiones de seguridad ciudadana y lucha contra el delito (nacionalismo interno donde el enemigo es el delincuente), en otras de resguardo de los intereses nacionales y de la patria (donde se lucha contra enemigos internos y externos), en todos los casos el enemigo puede ser cualquiera; 2) Rentabilidad política y económica para el aparato militar y policial que se hace cada vez más influyente y necesario para el gobierno, lo que los hace más autónomos y arbitrarios; 3) Mensaje despótico: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado (…) Estas parecen ser las bases de una nueva mutación del Estado venezolano (Ávila, 2018b, p. 205).

Las organizaciones criminales conocidas como “pranes” no se debilitaron con la aparición de los nuevos cuerpos policiales, por el contrario, se han fortalecido militarmente para defenderse de las incursiones policiales, y han ejercido el papel de “control del orden público” en muchas partes del territorio venezolano. El poder de las organizaciones criminales es tal, que en un estudio realizado en el Edo. Aragua, el rechazo a la violencia policial en los barrios populares, daba pie “a una paradójica idealización de los líderes de la delincuencia organizada que ejercen el control social de las zonas de paz, quienes, según los informantes, gozan de mayor credibilidad que los funcionarios policiales” (Prensa OVV Aragua, 2019).

Un tercer fenómeno irregular de control social, han sido organizaciones de civiles afectos al gobierno que intimidan a quienes protestan en las calles con armas y acciones violentas. Estos grupos llamados “colectivos” (que no tienen nada que ver con los colectivos de trabajo comunitario históricos del chavismo) están constituido en su mayoría por ex-policías, escoltas o grupos para-policiales, y se relacionan directamente con los órganos de inteligencia del Estado, como se demostró en la masacre del junquito en el año 2018 contra el grupo anti-gubernamental constituido por miembros rebeldes del BAE (Brigada de Acciones Especiales de la policía científica) bajo el mando de Oscar Pérez (Ávila, 2018a). También son denunciados por controlar los comercios locales y por la venta de productos del Estado, obtenidos irregularmente como los CLAP. (Provea, 2017).

La violencia se ha convertido en una estrategia gubernamental, se trata de un autoritarismo que se constituye desde un espacio para-institucional que ha sido legitimado por el gobierno para el ejercicio del poder público. Un estado de excepción progresivo que se ha convertido finalmente en una forma de gobernanza regular.

Notas

  1. Entre 1999 y 2015 ingresaron al país 884.049 millones de petro-dólares, mientras que la salida de capitales entre los años 2003 y 2014 fue de 295.341 millones de dólares. Las inversiones de venezolanos en el exterior paso de 53.072 millones de dólares en el 2003, a 175.111 millones de dólares en el 2014, de los cuales el 98% son depósitos y monedas (Sutherland, 2016, pp. 39-63). Esto sin contar los montos productos de mecanismos ilegítimos, escondidos en paraísos fiscales.
  2.  El evento más reciente fue el de un enfrentamiento (sin disparos) entre miembros de las 2 fuerzas policiales, que paralizó la principal autopista de Caracas por varios minutos con la llegada de varias decenas de policías. Las razones no fueron esclarecidas, sin embargo, la mayoría de las versiones difundidas comentaban que se trataba de un conflicto generado por un caso de delincuencia que involucraba al FAES o a los dos cuerpos policiales.

Referencia

ÁLVAREZ, Víctor. (2011). Del Estado Burocrático al Estado Comunal. Caracas: Centro Internacional Miranda.

ÁVILA, Keymer. (2018a).  Caso Oscar Pérez: “Si aceptamos que nos nieguen la verdad, estamos permitiendo la enajenación de nuestros derechos”. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/actualidad/keymer-avila-caso-oscar-perez-si-aceptamos-que-nos-nieguen-la-verdad-estamos-permitiendo-la-enajenacion-de-nuestros-derechos

                                      (2018b) Estado de Excepción y Necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela. Revista Crítica Penal y Poder, no. 15, pp. 180-214.

                                      (2019) Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/uso-de-la-fuerza-p%C3%BAblica.pdf

                                     (Octubre 2018c) ¿Un éxodo venezolano?. Recuperado el 9 de abril de 2020, de https://nuso.org/articulo/un-exodo-venezolano/

DENIS, Roland. (2011) Las Tres Repúblicas. Caracas: Ediciones Nuestra América Rebelde. 

Contrapunto. (23 de julio de 2021). Trabajadores presos o judicializados: La historia vebnezolana que no toda la izquierda reconoce. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de: https://contrapunto.com/nacional/politica/trabajadores-presos-o-judicializados-la-historia-venezolana-que-no-toda-la-izquierda-reconoce/

CORONIL, Fernando. (2013) El Estado Mágico. Caracas: Editorial Alfa.

El País. (4 de julio de 2021). Venezuela arresta a un grupo de activistas civiles y les acusa de “terrorismo y traición a la patria”. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de: https://elpais.com/internacional/2021-07-04/venezuela-arresta-a-un-grupo-de-activistas-acusados-de-terrorismo-y-traicion-a-la-patria.html

El Nacional. (23 de mayo de 2017). Claves para entender las bases comiciales para la Constituyente. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/claves-para-entender-las-bases-comiciales-para-constituyente_183829

Equipo de Investigación de Marea Socialista. (8 de septiembre de 2014). Sinfonía de un Desfalco a la Nación. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.aporrea.org/contraloria/n257348.html


Foro Penal. (16 de febrero de 2018) Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://foropenal.com/category/publicaciones/foro-penal/reportes-de-represion/page/4/

LANDER, Edgardo. (25 de septiembre de 2007). El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.tni.org/files/El%20Estado%20y%20las%20tensiones%20de%20la%20participaci%C3%B3n%20popular%20en%20Venezuela.pdf

                                    (2013). Las Continuidades y Rupturas en la Historia del Petroestado Rentista Venezolano. En CORONIL, Fernando. El Estado Mágico (pp. 9-24). Caracas: Editorial Alfa.

                                    (4 de septiembre de 2018). Venezuela: El fracaso del proceso bolivariano. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de http://democraciasur.com/2018/09/04/venezuela-el-fracaso-del-proceso-bolivariano/

LÓPEZ CALDERA, Anais (compiladora). (2015). Transición, Transformación y Rupturas en la Venezuela Bolivariana. Caracas: CELARG.

LÓPEZ MAYA, Margarita (2017) El Ocaso del Chavismo. Caracas: Editorial Alfa. 

                                    (2012) Participación y poder popular en Venezuela: antes y ahora. Revista Historia de la Universidad del Zulia, vol. 3, no. 3, pp. 53-77. 

                                    (2018) Socialismo y comunas en Venezuela. Nueva Sociedad, no. 274, marzo-abril, pp. 59-70.

Nueva Sociedad. (marzo-abril 2018). Los militares en la política y la economía de Venezuela. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de: https://nuso.org/articulo/los-militares-en-la-politica-y-la-economia-de-venezuela/

OACNUDH. (4 de julio de 2019). Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S

Prensa OVV Aragua. (15 de septiembre de 2019). En Aragua: Delincuencia organizada goza de mayor credibilidad que organismos de seguridad. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/en-aragua-delincuencia-organizada-goza-de-mayor-credibilidad-que-organismos-de-seguridad/

Provea. (18 de septiembre de 2019a). CLAP: control social y extorsión alimentaria. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-provea-clap-control-social-y-extorsion-alimentaria

                                      (10 de agosto de 2017). Gobierno tolera negocios de paramilitares para no perder a sus pistoleros. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/paramilitares-investigacion/gobierno-tolera-negocios-de-paramilitares-para-no-perder-a-sus-pistoleros

                                       (16 de enero de 2018). Organizaciones rechazan la utilización de la “ley contra el odio” para criminalizar manifestantes. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/actualidad/organizaciones-rechazan-el-uso-de-la-ley-contra-el-odio-para-criminalizar-a-manifestantes

                                     (2019b). 2017: Año de protesta en rebelión. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de https://www.derechos.org.ve/publicaciones/2017-ano-de-protesta-en-rebelion

SUTHERLAND, Manuel. (2016). Crítica a la política económica del “socialismo del siglo XXI”: apropiación privada de la renta petrolera, política de importaciones y fuga de capitales: Estudios Latinoamericanos, Nueva Época, no. 38, julio-diciembre, pp. 39-63.

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