Venezuela: reestructuración en proceso (II) Las mafias que dirigen la “recuperación económica”

El modelo de redistribución de la renta petrolera dio paso a una dinámica de desfalco continuo de los recursos del Estado a través de operaciones que involucraron a un importante sector de mediadores privados que empezarían a trabajar de cerca con la administración estatal. Empresas de maletín que gestionan importaciones a sobreprecio, testaferros que administran los fondos de la corrupción y empresas beneficiadas con contratos con el Estado por su cercanía a miembros de la alta burocracia, son las variadas formas en que el modelo de acumulación rentista empieza a promover un nuevo sector privado adicto a la captación de rentas, tanto a través de canales legales como ilegales. A su vez, el compromiso político con los sujetos gobernantes bajo una forma de “lealtad” se convierte en el criterio de ascenso de estos nuevos grupos económicos, así como ha sido en todos los ámbitos gubernamentales, como lo indica la consigna “leales siempre, traidores nunca”.

Desde los años 2013-2015, el modelo rentista llega a un límite debido a que ya no es capaz de seguir generando los recursos que demanda tanto el esquema de redistribución social sobre el cual se sostiene la gobernabilidad, como los grupos económicos asociados al desfalco continuo de la renta. Por lo que, se abren las puertas a una profunda recesión económica, en donde el presupuesto social empieza a reducirse, expresándose en una caída de los salarios reales y de la inversión social. En este contexto los grupos que se han formado en torno a la acumulación de la renta, se han redirigido a otras formas de acumulación asociadas a la extracción de rentas y el saqueo de recursos de la sociedad, a partir de la relación privilegiada que tienen con el poder gubernamental; se trata de una dinámica mafiosa que ha crecido como parte de la nueva cultura del poder en Venezuela.

En la economía mafiosa se “obtienen ganancias económicas a partir de la renta que captan y extraen de estas personas y empresas (…) su negocio se mueve en la ambigüedad de la extorsión y la protección” (Briceño-León, 2015, p. 23). En el caso de organizaciones más grandes actúan con el propósito de obtener ganancias económicas a partir de la captación de una renta derivada de la comisión de ilícitos. No usan violencia en sus acciones y subcontratan estos servicios cuando es necesario para arreglar alguna disputa. Puede decirse que se dedican a los delitos de “cuello blanco”, forman las redes de corrupción por sobrefacturación, creación de empresas fantasmas para recibir dólares a precios preferenciales o los dedicados al lavado de dinero de la droga o la corrupción. En su actuación se mezclan los negocios lícitos e ilícitos y sus formas de actuación son la colusión y la negociación. (Briceño-León, 2015, pp. 23-24).

Este entramado mafioso, al estar orgánicamente relacionado con la administración estatal, depende de la estabilidad de la clase política a la que es “leal”, la cual le provee de impunidad, de ahí que el problema rentista siempre es más político que económico. Esta alianza se expresa en movimientos como la compra de varios medios de comunicación privados por parte de empresarios asociados al gobierno, que luego cambiarían radicalmente la línea editorial opositora de los mismos para generar información que bajo un manto de neutralidad, que reconociera el relato que el gobierno había construido para mantener una legitimidad instituciona1. Por otro lado ,los propios mecanismos clientelares del Estado como el CLAP han necesitado de la participación de empresarios que se han enriquecido con importaciones fraudulentas (Armando.info, 2019)2. La emergencia de nuevos grupos de poder económicos, nos hace dirigir nuestro análisis hacia la reestructuración de las dinámicas de acumulación de capital que se han levantado a partir de la crisis y su relación con la estrategia gubernamental.

Apuntes para una cartografía de la acumulación y la expansión de la economía mafiosa

Mientras la economía se encuentra en caída libre con la pérdida de 50 % del PIB entre 2013 y 2019, una hiperinflación incontrolable, la destrucción de la economía estatal y finalmente la crisis de la producción petrolera que en el año 2019 llegaría a mínimos históricos (BCV, 2019a) (BCV, 2019b), hay un reacomodo de los mecanismos de acumulación capital que empiezan a brotar de las nuevas condiciones de precariedad en la que se encuentra la población. 

Y en medio del desastre, emergieron los bodegones…

Los salarios se han mantenido por debajo de los 10 dólares, reduciendo la capacidad adquisitiva de millones de trabajadores por debajo incluso de la “sobrevivencia”3. Desde el 2016 el trabajo se ha desvalorizado continuamente acabando con la capacidad de consumo de la población y generando una expulsión forzada del país a millones de migrantes que han atravesado a pie la cordillera andina. La migración venezolana de aproximadamente 6 millones de venezolanos (cerca de 20 % de la población), generó un incremento en la recepción de remesas que se convirtieron en un sostén de la economía familiar y que permitieron aumentar tímidamente la capacidad de consumo de la población.

 En el año 2019 se elimina el control de cambios, pero con la ausencia de una institucionalidad que regule el cambio libre y la utilización de monedas extranjeras; se trata de una economía informal en dólares con cada vez más protagonismo. Este mismo año las remesas alcanzaron los 4 millardos de dólares, constituyendo el 10 % del PIB. En el 2020, la crisis global derivada de la pandemia por la covid-19 y las cuarentenas decretadas en todo el mundo, redujeron las remesas a la mitad con un impacto fundamentalmente en la economía familiar en sectores populares, una cifra que empieza a recuperarse en el 2021 (El Diario, 2021). Las remesas estimulan el crecimiento de una economía de importación que desde el año 2019 se expresa a través de los llamados bodegones (abastos de productos importados, fundamentalmente de alimentos y golosinas) y la apertura de negocios de servicios –cafeterías, restaurantes, comercios- a la par de que los dólares empezaban a sustituir al bolívar en las transacciones diarias (Sutherland, 2019). 

A través del decreto presidencial 3.547 del 25 de julio del 2018, el gobierno decretó una exoneración de impuestos aduaneros para productos terminados, como textiles, calzados, alimentos, productos de higiene personal, entre otros, al mismo tiempo que mantiene los impuestos para la producción nacional, estimulando la importación para hacerle frente a la crisis de abastecimiento. Esta exoneración se ha prorrogado en los años siguientes, el 6 de agosto del 2021 la vicepresidenta anunció el cese a la exoneración de impuestos para 597 productos (de más de 4.000), sin embargo, no se ha publicado en gaceta oficial. La situación para la producción nacional se agrava con el surgimiento de una forma de impuesto para-institucional a través de las “matracas” en alcabalas policiales y de la guardia nacional que incrementan el costo del transporte, un fenómeno que crece de manera expansiva a partir de la cuarentena por covid-19 (a partir de marzo del 2020) en el contexto de la militarización del país y que afecta en mayor medida a pequeños productores y comerciantes, y a trabajadores informales (Efe, 2021b). En junio de 2021, el director del Cendas-FVM denunciaba en una entrevista que la “matraca” llegaba a incrementar en un 30 % el costo de los alimentos, aunque no hay cifras claras durante todo este período, la “matraca” se ha convertido en un problema nacional. Incluso el mismo gobierno ha tenido que pronunciarse para ordenar “eliminar las trabas en las alcabalas” (Bracci, 2021), generando efectos coyunturales, pero que no ha cambiado estructuralmente la situación. La estimulación de la importación, al mismo tiempo que se dificulta la producción nacional, ha beneficiado a grupos económicos relacionados al gobierno y sus mecanismos de distribución de divisas, al mismo tiempo que ha impedido la revalorización del trabajo y de la producción nacional, constituyéndose en un mecanismo de acumulación sobre la base de la extracción de remesas y divisas, aupado por la crisis de desabastecimiento interno. 

Matraca, extorsión y privatización de lo público

El problema de las “matracas” ha sido parte de un proceso descomposición que ha afectado a gran parte de las funciones del Estado y que nos empieza a acercar a las formas de acumulación y ejercicio mafioso del poder. El desarrollo del “matraqueo” en las alcabalas remite a la propia precariedad de los guardias y policías comunes, a la imposición de cadenas de extorsión que distribuyen la renta de la “matraca” desde la base a las directivas, y a la corrupción general de las instituciones; se trata de una expresión de la privatización de un servicio público, en la medida que sus funciones (garantizar la seguridad ciudadana en el caso de las fuerzas de seguridad) empiezan a ser capitalizadas por la burocracia que los dirige. 

El gobierno ha permitido este fenómeno para equilibrar los mínimos ingresos salariales que reciben los trabajadores públicos. En el caso de las policías especiales la gravedad aumenta, pues muchos grupos llegan a actuar como bandas criminales, extorsionando y siendo partícipes de secuestros, entre otras actividades similares al mismo tiempo que ejercen de policía política del gobierno. La difusión en redes sociales de videos en donde se ve a la FAES (fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana) secuestrando a trabajadores agrícolas en una finca privada y obligándoles a cavar un hueco, entre muchos otros casos, generó una reacción de repudio del fiscal general (Bracci, 2020). Posteriormente, se han cambiado varias veces los nombres de las policías especiales, sin que hayan generado un mayor cambio de estas prácticas. La opinión pública ha generado alguna forma de presión sobre estos casos que evidencian la dinámica mafiosa del Estado, sin embargo, las pocas reacciones del ejecutivo solo han sido declarativas. 

El cobro por funciones de la administración pública también ha sido bastante denunciado en el caso de la gestión de pasaportes. En un contexto en que la ineficiencia institucional atrasaba este tipo de trámites, y a su vez con un aumento de la demanda motivado a la movilización migratoria, llegó a ser frecuente la denuncia a mafias institucionales que cobraban hasta miles de dólares por la gestión de un pasaporte (El País, 2018). Esta situación cambió cuando el gobierno aumentó drásticamente la tarifa para este trámite y detuvo a algunas de estas mafias, convirtiendo a Venezuela en uno de los países con los pasaportes más caros del mundo, al costo de más de 100 dólares (2 petros) a finales del 2018, y luego a 200 dólares para el año 2020 (El Estímulo, 2020); de igual manera el servicio relacionado con el derecho básico a la identidad fue mercantilizado. 

En las oficinas judiciales también ha sido común la denuncia de prácticas mafiosas como el cobro de dinero para no paralizar un juicio o para ejecutar una boleta de excarcelación ya emitida. La corrupción judicial también generó una reacción mediática del gobierno, convocando a una “reforma judicial” (Efe, 2021a), que al igual que otras iniciativas han quedado en el aire. La corrupción y la extorsión se han convertido en la forma de financiamiento de gran parte de los grupos de poder que componen la burocracia estatal. 

La caída histórica en la producción de petróleo de parte de la estatal PDVSA y el tráfico de gasolina hacia países vecinos debido al subsidio extremo de su precio en Venezuela, hicieron colapsar la distribución de gasolina en el año 2020, generando una ola de escasez a la par que empezaba la pandemia. El gobierno privatizó gran parte de las estaciones de servicio e instauró un precio internacional de 0,5 dólares por litro de gasolina, mientras que para otras estaciones de servicio se mantiene el precio subsidiado bajo un mecanismo de control del acceso al combustible por persona y vehículo. Las colas de varios días y la escasez se han mantenido, y se ha desarrollado el “matraqueo” de parte de los policías, militares y/o cuerpos parapoliciales (las cuadrillas de paz del partido de gobierno, conocidas como “Cupaz”) que gestionan las estaciones de servicio, ya sea para acceder de manera “preferencial” al combustible o para ofertarlo a un precio mayor (La prensa, 2020). La gasolina puede llegar a costar hasta entre 3 y 4 dólares por  litro fuera de la capital, un precio que refleja la magnitud del “impuesto” que impone la economía mafiosa a este producto. La “matraca” se ha convertido en un mecanismo impositivo de un Estado digerido por la corrupción.

Minería, bandas armadas, tráfico y economía ilegal

Al sur de Venezuela, en la región de Guayana, se ha desarrollado el extractivismo minero con la apertura del Arco Minero del Orinoco desde el año 2016 mediante un decreto que establece una superficie de 113.598 km (12 % del territorio nacional) como una zona económica especial con estímulos para la extracción minera. Gran parte de las minas están bajo el control de grupos armados que establecen alguna forma de convivencia con el Estado y han expandido una economía ilegal relacionada a los bares, la prostitución, el tráfico de minerales y el lavado de dinero, entre otros. (Ruiz, 2018). En el mismo año 2016, la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, estimaba que el 91 % del oro extraído y exportado desde Venezuela era de manera ilegal (GIATOC, 2016). La minería ha sido una de las fuentes más importantes para el ingreso de divisas y el surgimiento de la economía paralela que recorre el país. 

 La emergencia del fenómeno migratorio también se ha relacionado con el auge de redes de tráfico de personas; en el año 2020 el naufragio de una embarcación ilegal que se dirigía a Trinidad y Tobago generó un gran impacto en la opinión pública y un llamado de emergencia sobre la proliferación de las redes de trata (BBC, 2020). La dolarización informal ha permitido la circulación y transacción diaria de dólares en efectivo de manera cotidiana, convirtiéndose en un país con condiciones favorables para “lavar dinero” en efectivo, una condición que el gobierno ha utilizado para atraer a capitales ilegítimos de todo tipo. Un ejemplo de ello, es la apertura que el gobierno le ha dado a los casinos, estos fueron prohibidos por el gobierno de Chávez en el año 2011, pero desde el 2020 han vuelto a legalizarse de la mano del gobierno de Maduro, primero con la apertura del Casino Internacional del Hotel Humboltd, luego en el 2021 se registraron 30 nuevas licencias para establecimientos de este tipo (Tal Cual, 2021). 
La extracción de rentas por el tráfico de productos ilegales -fundamentalmente el narcotráfico- también ha constituido una parte destacada de la economía ilegal en expansión, a partir de la corrupción de las instituciones encargadas de la seguridad del territorio (policías, guardia nacional y fuerzas armadas) y la proliferación de la actuación de grupos armados tanto nacionales como de países limítrofes. La disputa territorial entre estos actores ha generado diversos conflictos militares. Entre mayo y junio del 2021 un grupo de la disidencia de las FARC (Colombia) se enfrentó al ejército venezolano, capturando a varios militares y tomando el control de varios poblados fronterizos del estado Apure, generando una crisis humanitaria con miles de desplazados (Fundaredes, 2021a)4

El conflicto armado en torno a las rentas de la economía ilegal ha generado una fragmentación de la soberanía y ha expresado la incapacidad del Estado para contener la situación, por el contrario, en muchos casos la participación del Estado es la de un actor más que disputa dichas renta con los grupos armados, o que actúa en coordinación con uno u otro grupo. Un ejemplo de ello, ha sido la autorización para la apertura de minas de manera simultánea a la llegada de grupos armados a dichos territorios. (Insight Crime, 2020).

Privatizaciones, autoritarismo y precarización laboral, la oferta al mercado internacional  

La apertura económica iniciada por Nicolás Maduro ha estado acompañado de una política de privatizaciones desde el año 2016 con el caso emblemático de Abastos Bicentenarios,5

y luego la apertura al capital privado en la industria petrolera con la modalidad de contratos de servicios establecidos en el Decreto 3.368 publicado el 12 de abril de 2018. En el campo también se ha registrado una tendencia hacia la vuelta al latifundio con el regreso de tierras entregadas a organizaciones campesinas a viejos y nuevos terratenientes. También se han registrado desalojos forzados por parte de grupos armados, la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos policiales militarizados como la FAES, vinculados no solo a grandes terratenientes, sino también a economías delictivas como el narcotráfico y el extractivismo. En el 2018 se realizó una marcha nacional campesina para denunciar esta realidad frente a la presidencia, sin que haya resultado en un cambio de la política gubernamental (OEPV, 2019). 

La tendencia a la privatización se reafirmó con la aprobación de la “Ley Antibloqueo” en octubre del 2020 en la Gaceta Oficial 6.583, la cual permite privatizar empresas públicas de manera secreta y a discreción del ejecutivo. También se ha puesto en marcha la discusión de una nueva ley de zonas económicas especiales, con condiciones fiscales privilegiadas para los capitales externos, apoyadas en la ausencia de derechos laborales, y con una expresa orientación hacia la exportación. Estas condiciones han sido denunciadas por economistas, sindicalistas y organizaciones de derechos humanos como un proyecto para atraer inversiones internacionales en base a las condiciones de precariedad de la mano de obra, el auge del extractivismo y las maquilas como referente de producción (Provea, 2021) (Últimas Noticias, 2021). Bajo esta legislación se han abierto alianzas con capitales extranjeros, fundamentalmente provenientes del eje geopolítico que ha sostenido internacionalmente al gobierno, iraníes, turcos, rusos y chinos. Las privatizaciones también han beneficiado a empresarios cercanos al gobierno, bajo la idea de crear una “burguesía revolucionaria”, es decir, leal al poder ejecutivo. 

 La reestructuración económica que surgió de la crisis del modelo rentista-petrolero, ha resultado en una violenta privatización de la economía, en donde la corrupción estatal ha dado paso a nuevos grupos de poder económico, relacionados con la administración gubernamental, la paraeconomía, las importaciones y una cultura mafiosa del poder; asentada sobre la precarización de la vida de la población, la vulneración de derechos y el establecimiento de legislaciones y decretos que han pasado por encima del orden constitucional. El gobierno ha justificado su apertura de la economía como una respuesta a las sanciones establecidas por el gobierno de EE.UU. que, según su relato, son la causa de la crisis, sin embargo, la crisis estalló desde el año 2016 mientras que las sanciones al país y a la comercialización del petróleo son del año 2019, pues las sanciones previas han sido sobre el patrimonio de personas vinculadas al gobierno, no al patrimonio público. Probablemente, las sanciones han empujado a la administración gubernamental a mecanismos informales para el comercio internacional, afianzando la tendencia hacia el manejo mafioso de la economía. 

Del desmantelamiento de lo público a la importación de camionetas de lujo

En este proceso de reestructuración del país, las empresas estatales y lo público en general ha sido desmantelado en una lógica de saqueo que ha terminado por llevar a la quiebra a las industrias básicas, la industria petrolera, los servicios públicos, así como la salud y educación pública. El saqueo no solo ha sido a los presupuestos del Estado, expresado en la mayor fuga de divisas de la historia venezolana, sino que en su fase final ha pasado por un saqueo a las propias instalaciones industriales. 

A través del Decreto 3.586 del 22 de agosto del 2018, el Estado se abrogó la compra y venta de chatarra industrial como materiales “estratégicos”, dando paso al desmantelamiento de una gran cantidad de maquinaria, instalaciones industriales y de transporte (en parte de proyectos de construcción inacabados o en desuso) para ser vendida como chatarra hacia Turquía y otros países “aliados” a Venezuela. En marzo del 2021, trabajadores de la planta industrial de fabricación de tuberías ENATUB, denunciaron que una empresa designada para comercializar la chatarra se había llevado tuberías almacenadas en buen estado para su distribución, así como maquinaria industrial operativa, con el valor de 25 millones de dólares, en el contexto un operativo violento, arbitrario y bajo una autorización oficial (Tatuy, 2021). La venta de chatarra se ha convertido en una fuente de ingresos para agentes públicos y privados que se han beneficiado de la crisis de la industria nacional. Aunque no hay datos oficiales, se ha registrado el movimiento de toneladas diarias de chatarra en los puertos del país (El diario, 2021b). 

En PDVSA también han sido frecuentes las denuncias a mafias y empresas contratistas que revenden gasolina importada y maquinaria en el mercado negro. Eudis Girot sindicalista de PDVSA denunció durante el año 2020 a dichas mafias a través de su cuenta de twitter (@EudisGirot), nombrando a directivos de la empresa y exponiendo videos y fotos relacionadas con las ventas ilegales, además de convocar protestas por el desconocimiento de los derechos laborales; por estas razones fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 18 de noviembre del 2020, siendo acusado por “terrorismo”. 

En este contexto, se ha desarrollado un pequeño sector con gran poder adquisitivo que ha generado un pequeño y exclusivo mercado de lujo en el contexto de un país con más de 90 % de pobreza, según la encuesta ENCOVI del año 2021 (ENCOVI, 2021). Se trata de un pequeño mundo alrededor de los hoteles, restaurantes, casinos y bodegones de lujo, relacionado con los “sectores” económicos emergentes y que se trasladan en la ciudad rodeados de escoltas. Este nuevo grupo de privilegiados se han convertido en los capitanes de la nueva cultura empresarial, que oscila entre las mafias, los negocios asociados a la importación y el saqueo/privatización de los recursos públicos; sin embargo, ya no se trata del “chavismo” o de la burocracia vestida de rojo, sino de un estrato que no hace vida en la polarización política, sino que se ha dedicado a “hacer negocios” en un país en crisis. Esta nueva “cultura empresarial” se evidencia en los patrones de consumo asociados a la economía de bodegones de productos exclusivos, así como en el auge de la importación de camionetas de lujo que transitan en la ciudad acompañadas de escoltas (La Iguana, 2019) (Clarín, 2020) (DW, 2021). 

El gobierno ha fomentado el surgimiento de este estrato privilegiado, desarrollando una infraestructura de hoteles de lujo, con el proyecto del Hotel y Casino Humboldt en una de las cimas del cerro Waraira Repano en Caracas como insignia principal; el consumo generado por los nuevos ricos se ha convertido en una de las “estrategias” de la recuperación económica, marcando la agenda de un proceso de acumulación de capital asentado sobre la violencia, una desigualdad extrema y el ascenso de grupos de poder asociados a la economía mafiosa.

Notas

  1. El caso del canal Globovisión es emblemático, pues después de su compra en el año 2013 pasó de ser un medio de comunicación tradicional y radicalmente opositor, a limitar la crítica política al gobierno y a promover las iniciativas de diálogo del mismo. El empresario que compró este canal es acusado como uno de los miembros emergentes de la acumulación asociada a la corrupción y al desfalco del país. (BBS News Mundo, 2018)
  2. El portal de web armando.info ha realizado profundas investigaciones de las tramas de negocios asociados a la corrupción y los negocios fraudulentos de la administración estatal.
  3.  En el año 2018 las contrataciones laborales fueron suspendidas por el memorando 2792, los salarios han sido sustituidos por bonos que no generan prestaciones sociales ni tienen incidencia salarial. La flexibilización y precarización extrema del trabajo ha sido acompañada por la criminalización de la protesta sindical, lo cual ha llevado a la cárcel a más de 150 trabajadores (Contrapunto, 2021).
  4. La organización no-gubernamental Fundaredes ha realizado investigaciones sobre la actividad de los grupos armados en el país y las denuncias en torno a la expansión de la economía ilegal a través de la utilización de fincas para aeropuertos clandestinos, la minería y la tala ilegal, grupos de extorsión, tráfico de gasolina, entre otros. La publicación de información sobre el conflicto de mayo y junio de 2021 en Apure, llevó a la detención arbitraria de dos de sus activistas, siendo acusados por “instigación al odio”, “traición a la patria” y “terrorismo”. (Fundaredes, 2021b).
  5. Una cadena de supermercados nacionalizada en el año 2009 y privatizada entre 2016 y 2017, la cual paso a las manos de un empresario asociado a importaciones fraudulentas bajo la figura de “Tiendas Clap” (Armando.info, 2019), luego en el 2020 se transformaría en una empresa mayorista de capital iraní llamada Forum.

Referencias

Armando.info. (24 de noviembre de 2019). Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones. Recuperado el 9 de abril de 2020, de https://armando.info/Reportajes/Details/2613

BBC News Mundo. (21 de diciembre de 2018) Quién es Raúl Gorrín, el magnate de Venezuela acusado en EE.UU. de lavar millones de dólares junto al exguardaespaldas de Hugo Chávez. Recuperado el 9 de abril de 2020, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46270105

__________________ (14 de diciembre del 2020). Tragedia en Güiria: los peligros del tráfico de migrantes de Venezuela a Trinidad. Recuperado el 12 de octubre del 2020, de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55310769 

(BCV) Banco Central de Venezuela. (2019a). Índice nacional de precios al consumidor

                                     (2019b). Producto Interno Bruto por actividad económica (Base 1997).

Bracci, Luigino. (2020). Fiscal Tarek William Saab: “Yo no se que está pasando con el FAES”. Investigan dos casos de secuestro. Recuperado el 12 de octubre de 2021, de: https://www.youtube.com/watch?v=UDwBIhjkj3k 

__________________ (2021). Maduro ordena “eliminar trabas en las alcabalas” después de que diputado adeco denunciara las matracas. Recuperado el 12 de octubre de 2021, de: https://www.youtube.com/watch?v=qS8fhqxqTEs

BRICEÑO-LEÓN. (2015). Delito Organizado, Mercados Ilegales y Democracia en Venezuela. Caracas: Editorial Alfa.

Clarín. (7 de febrero de 2020). Crisis y contrastes. Autos de lujo, viajes y restaurantes exclusivos: la burbuja de los (pocos) ricos en Venezuela. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://www.clarin.com/mundo/autos-lujo–viajes-restaurantes-exclusivos-burbuja-pocos-ricos-venezuela_0_veThJhJi.html

Contrapunto. (23 de julio de 2021). Trabajadores presos o judicializados: La historia vebnezolana que no toda la izquierda reconoce. Recuperado el 6 de octubre del 2021, de: https://contrapunto.com/nacional/politica/trabajadores-presos-o-judicializados-la-historia-venezolana-que-no-toda-la-izquierda-reconoce/

DW. (25 de enero del 2021). Venezuela: los ricos y sus compras de lujo en medio de la crisis humanitaria. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://www.dw.com/es/venezuela-los-ricos-y-sus-compras-de-lujo-en-medio-de-la-crisis-humanitaria/a-56336442

Efe. (24 de junio del 2021). Líder chavista dice que se han descubierto casos de corrupción judicial. Recuperado el 12 de octubre del 2021, de: https://www.efe.com/efe/america/politica/lider-chavista-dice-que-se-han-descubierto-casos-de-corrupcion-judicial/20000035-4570159

__________________ (21 de julio del 2021). La “competencia desleal” de productos importados en los mercados de Venezuela. Recuperado el 12 de octubre del 2021, de: https://www.efe.com/efe/america/economia/la-competencia-desleal-de-productos-importados-en-los-mercados-venezuela/20000011-4591841

El Diario. (27 de agosto de 2021). ¿Cuánto fue el monto promedio de una remesa en Venezuela durante el 2020?. Recuperado el 12 de octubre de 2021, de: https://eldiario.com/2021/08/27/monto-promedio-remesa-venezuela-2020/ 

__________________ (13 de octubre de 2021). Cómo la venta de chatarra se ha convertido en un activo valioso para el régimen venezolano. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://eldiario.com/2021/07/26/chatarra-activo-valioso-para-el-regimen/

El Estímulo. (3 de junio de 2020). Saime aumenta nuevamente el precio del pasaporte. Recuperado el 12 de octubre del 2021, de: https://elestimulo.com/elinteres/saime-aumenta-nuevamente-el-precio-del-pasaporte/

El País. (5 de febrero de 2018). La mafia detrás de la diáspora venezolana. Recuperado el 12 de octubre de 2021, de: https://elpais.com/internacional/2018/01/29/america/1517254119_563359.html

ENCOVI. (2021). Encovi 2021. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://www.proyectoencovi.com/encovi-2021

Equipo de Investigación de Marea Socialista. (8 de septiembre de 2014). Sinfonía de un Desfalco a la Nación. Recuperado el 9 de abril de 2020, de https://www.aporrea.org/contraloria/n257348.html

Fundaredes. (24 de mayo de 2021). Conflicto armado en Apure: Fracciones guerrilleras y Estado enfrentados por el poder. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de: https://www.fundaredes.org/2021/05/24/boletin32-conflicto-armado-en-apure-facciones-guerrilleras-y-estado-enfrentados-por-el-poder/

Fundaredes. (2 de septiembre de 2021). Exigen libertad plena para activistas de Fundaredes al cumplirse 2 meses de arbitraria detención. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de: https://www.fundaredes.org/2021/09/02/exigen-libertad-plena-para-activistas-de-fundaredes-al-cumplirse-2-meses-de-arbitraria-detencion/

GIATOC. (30 de marzo de 2016). Organized crime and illegally mined gold in Latin America. Recuperado el 12 de octubre del 2021, de: https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

Insight Crime. (31 de julio de 2020). La voracidad de la minería ilegal se sigue abriendo paso en Venezuela. Recuperado el 19 de octubre del 2021, de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/hambre-minera-eln-venezuela/

La Iguana. (29 de abril de 2019). De Miami pa´ Venezuela: Estudio reveló sorprendentes cifras de importación de carros de último modelo. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://www.laiguana.tv/articulos/471452-miami-venezuela-estudio-revelar-cifras-importacion-carros/

La Prensa. (11 de septiembre del 2020). Nárvaez: “E/S se han convertido en centros de represión”. Recuperado el 12 de octubre del 2020, de: https://www.laprensalara.com.ve/nota/21269/2020/09/narvaez–es-se-han-convertido-en-centros-de-represion

LÓPEZ CALDERA, Anais (compiladora). (2015). Transición, Transformación y Rupturas en la Venezuela Bolivariana. Caracas: CELARG.

RUIZ, Francisco Javier. (2018) El Arco Minero del Orinoco. Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos. Nueva Sociedad, no 274, marzo-abril, pp. 129-141.

SUTHERLAND, Manuel. (2019) ¿Una dolarización anti-imperialista?. Recuperado el 9 de abril de 2020, de https://www.nuso.org/articulo/venezuela-Maduro-dolarizacion/

Tal Cual. (31 de agosto del 2021). Maduro echa tierra al legado antiúdico de Chávez y autoriza apertura de 30 casinos. Recuperado el 13 de octubre del 2021, de: https://talcualdigital.com/maduro-echa-tierra-al-legado-antiludico-de-chavez-y-autoriza-apertura-de-30-casinos/

Tatuy. (23 de marzo de 2021). (ENTRE LUCHAS) ENATUB ¡En emergencia! Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://tatuytv.org/entreluchas-enatub-en-emergencia/

OEPV (Observatorio de Ecología Política de Venezuela). (10 de julio del 2019). Entrevista con el vocero de la Plataforma de Lucha Campesina Jesús Osorio: “estamos ante una política sistemática de asedio a los campesinos”. Recuperado el 13 de octubre del 2021, de: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/07/10/entrevista-vocero-la-plataforma-lucha-campesina-jesus-osorio-estamos-ante-una-politica-sistematica-asedio-los-campesinos/

Provea. (28 de mayo de 2021). Razones para oponerse a la ley de Zonas Económicas Especiales. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://provea.org/opinion/razones-para-oponerse-al-proyecto-de-ley-de-las-zonas-economicas-especiales/

Últimas Noticias. (8 de mayo de 2021). Maquilas y Zonas Económicas Especiales / Luis Brito García. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/maquilas-y-zonas-economicas-especiales-luis-britto-garcia/

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