Si la reforma neoliberal empezó por subordinar las instituciones de los Estados-nación a las instituciones internacionales empujadas por la globalización del capital financiero, en sus puntos de crisis territorializados (cada vez más extendidos desde la crisis financiera del 2008) la violencia ha impuesto gobernanzas de tipo paraestatal, relacionadas fundamentalmente al crecimiento de la economía ilegal.
Pero no se trata de una economía opuesta a la legal, sino de la relación entre ambas a partir del desmantelamiento de lo público y el Estado social, el crecimiento de la exclusión de amplios sectores de la población rurales y urbanos (determinantes en Latinoamérica), y la precariedad e inseguridad de los modos de vida contemporáneos. Aunque la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, ha incrementado la mortalidad entre las y los jóvenes desde los años 90s.
Aunque las mujeres han logrado expandir su autonomía y libertad en cuanto acceso al trabajo e igualdad de derechos, la violencia patriarcal tiende a aumentar y ha puesto en emergencia a nuevas generaciones feministas. Aunque en las últimas décadas se han incorporado una gran cantidad de derechos que reconocen las luchas de los nuevos movimientos sociales en textos constitucionales y en acuerdos internacionales, la violencia, las emergencias humanitarias y las violaciones de derechos humanos tienden a aumentar. La violencia contra la sociedad y contra la vida, expone un desdoblamiento del poder contemporáneo entre sus instituciones formales y la voracidad real de la acumulación de capital que no sólo desborda las regulaciones oficiales, sino que las captura bajo asociaciones mafiosas que articulan capitales legales e ilegales, redes de corrupción y clase política, etc.
Esta tendencia mafiosa de la gobernanza se ha desarrollado en Latinoamérica en la forma del narco-estado en México, el para-militarismo y narcotráfico en Colombia, o los Estado mafiosos en Venezuela o Haití. En Latinoamérica las bandas criminales que se han expandido por las cárceles desplazando pequeñas bandas locales por carteles transnacionalizados relacionado al narcotráfico (caso de las masacres carcelarias en Ecuador en los años 2022 y 2023) y que utilizan los centros penitenciarios como centros de poder (caso del desarrollo de organizaciones como el Tren de Aragua en Venezuela, con un apogeo entre los años 2018 y 2023). En África y Latinoamérica la minería legal e ilegal también ha estado bajo el control de grupos armados que explotan a poblaciones dedicadas a la minería artesanal en condiciones de precariedad extrema, en donde ejércitos estatales formales, corporaciones militares y grupos armados ilegales disputan, intercambian y acuerdan la distribución del control territorial bajó lógicas de gobernanzas similares. Los grupos para-estatales funcionan en una complicidad estructural o incluso acuerdo formal con respectivos gobiernos, funcionarios, ejércitos e instituciones del Estado.
La periferia como espacio de constitución de los movimientos sociales contemporáneas, tiende a sufrir un movimiento de recolonización, tensado por un lado por la cooptación gubernamental y carismática de los progresismos que dependen de los ciclos de expansión y financiamiento del consumo, y por otro lado por la violencia paraestatal que tiende a crecer tras cada estallido de precariedad que resulta de las recesiones forzadas por los ciclos de concentración del capital financiero.
Rita Segato estudia el crecimiento de los femicidios en Ciudad Juárez, como el resultado de una guerra social que empieza a sacudir a regiones de Latinoamérica y otras partes del mundo como expresión de la constitución de regímenes para-estatales, relacionados directamente al crecimiento de la economía ilegal. Si el carácter patriarcal tradicional del Estado es de padre protector, el poder patriarcal para-estatal lo describe Segato a partir de los códigos de complicidad, los pactos de silencio y lealtades mafiosas que se constituyen entre grupos de poder masculinos, y que han terminado por encubrir el crecimiento de la violencia frente a la crisis de la familia patriarcal tradicional y la lucha de las mujeres de las últimas décadas, llegando a situaciones extremas como las de Ciudad Juárez, en donde Rita plantea la existencia de un “femigenocidio”1
En Ciudad Juárez se cruza la economía ilegal ligada al narcotráfico, y el tráfico de personas y productos en el contexto de la economía de frontera, con la llegada de maquilas del capital transnacional (paso de la producción a las periferias en el contexto de la globalización) que convirtieron el acceso femenino al trabajo formal en un síntoma más de precarización, que de autonomía de las mujeres.
El ejercicio de la violencia sustituye toda mediación de las instituciones sociales y políticas, el Estado se retira y aparece una cartografía de gobernanzas y fuerzas militares privadas legales e ilegales que no están en conflicto entre Estados sino en una guerra irregular contra el cuerpo social, que ejercen un control territorial, y que también abren una guerra contra los cuerpos de las mujeres como práctica de dominación, víctimas de una cultura patriarcal cada vez más violenta, en el contexto de la vitalización de la lucha milenaria de las mujeres en las últimas décadas y la interpelación de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres en las familias tradicionales.
“En mi análisis, intento demostrar la existencia de un quiebre o discontinuidad en los paradigmas bélicos del presente caracterizados por el predominio de la informalidad y de un accionar que puede ser descrito como claramente paraestatal aún en los casos en que el Estado sea la agencia propulsora y sostenedora de ese accionar. Sostengo que en el papel y función asignado al cuerpo femenino o feminizado en las guerras de hoy se delata una rotación o viraje del propio modelo bélico. Las guerras de la antigua Yugoslavia y de Ruanda son paradigmáticas de esta transformación e inauguran un nuevo tipo de acción bélica en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño que es simultáneamente material y moral.” (Segato, La guerra contra las mujeres, p. 59)
El desdoblamiento paraestatal es analizado por Rita Segato, como una segunda realidad, ordenada por la dinámica de acumulación de la economía ilegal que luego fluye y se “lava” en la primera realidad. Es decir, el paraestado no sustituye al Estado, sino que se articula al mismo e incluso produce gran parte de la riqueza que luego alimenta a los sistemas financieros internacionales. Incluso como una reestructuración de la relación colonial de extracción de riqueza de las periferias hacia el centro.
“Llegamos, a través de esa pregunta, a postular la existencia de dos realidades: una Primera Realidad, constituida por todo aquello regido por la esfera del Estado, todo aquello declarado al Estado, visible en las cuentas de la nación y en las páginas de Internet de la «Transparencia en gestión pública», las propiedades inmuebles residenciales, comerciales e industriales compradas o heredadas; los impuestos recaudados; los sueldos públicos y privados, los pagos «en blanco»; todo lo producido y comercializado; las empresas, sociedades de lucro y ONG registradas, etc. Para su protección, ese universo cuenta con las fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, sistema judiciario y carcelario que protegen ese caudal legítimo, legal.
Por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias, se encuentra lo que en mi ensayo sobre Ciudad Juárez (2006) llamé Segundo Estado, y que hoy prefiero llamar Segunda Realidad, pues es una realidad especular con relación a la primera: con monto de capital y caudal de circulante probablemente idéntico, y con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas ocupadas en proteger para sus «dueños» la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra. No podemos entender la violencia como nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, esporádica y anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula elementos aparentemente muy distantes de la sociedad y atrapa a la propia democracia representativa. Y, si pensamos un poco más, concluiremos que necesariamente esa estructura tiene una extensión global y una importancia política, es decir, que interfiere en la política e influencia los gobiernos, como también es interferida por estos, tanto en las cabeceras nacionales como en los centros imperiales. En el ámbito nacional, porque su impacto es determinante en los pleitos electorales y sus vencedores quedan cautivos de los pactos que celebraron para elegirse. Y en el ámbito global porque, por un lado, prestigiosos bancos del Norte lavan el dinero que produce y acumula la segunda economía y no es posible investigarlos y procesarlos con todo el rigor de la ley, allá, en el mismo Norte, ya que, como afirmó en 2013 el propio fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, los actos de corrupción y fraude cometidos por los ejecutivos de los bancos norteamericanos no pueden ser judicializados debido al tamaño de esas instituciones y su incidencia en las economías nacional (de Estados Unidos) y global. Estamos aquí frente a la duplicación del Estado y la llana aceptación de la intocabilidad y funcionalidad de la Segunda Realidad. Es esta otra muestra de la interconexión entre los caudales que fluyen subterráneamente y los que fluyen en la superficie. De esta forma, el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y de la economía.” (Segato, La guerra contra las mujeres, pp. 75-76)
Podemos cartografiar tres dinámicas que han sido determinantes para afianzar la tendencia mafiosa del capitalismo contemporáneo en crisis. Por un lado, la tendencia de las clases políticas a formar redes de corrupción que privatizan recursos públicos, (no sólo precarizando políticas sociales y estableciendo relaciones clientelares), también alimentando las economías del lavado de dinero en los circuitos financieros globales.
El Estado no tiende a desaparecer, sino a reestructurarse como plataforma para el saqueo y la transferencia de recursos públicos a manos privadas. En el proceso que ha vaciado el poder real de las instituciones representativas, privatizando y tercerizando funciones públicas, la corrupción, como complicidad entre funcionarios públicos y capital privado, no sólo ha sido determinante sino una práctica natural de la administración neoliberal, incluso legalizada en EEUU, bajo la forma de los comités de acción política que constituyen los grandes capitales para financiar a la clase política y sobreponerse a cualquier compromiso con la representatividad que formalmente los legitima.
En segundo lugar, la aparición de grupos parapoliciales en territorios de las periferias urbanas y rurales que extraen y concentran una renta de la economía local bajo formas de extorsión a cambio de seguridad, en un contexto de aumento de la inseguridad y la criminalidad. También administran directamente economías de la exclusión como el menudeo de drogas o la prostitución, hasta negocios formales ligados a la economía ilegal, como casino o bares.
La guerra de algunos Estados contra las bandas locales a través de la militarización de la policía, no sólo han sido ineficientes, sino que han producido la aparición de bandas más grandes y militarizadas en una escalada de la guerra social, al mismo tiempo las policías militarizadas han tendido a ejercer también prácticas de extorsión, administración de economía ilegales en los territorios en los que desplaza a las bandas (el caso del FAES en Venezuela puede ser uno de los más emblemáticos).
El control territorial de las periferias bajo prácticas parapoliciales (de policías, bandas criminales o incluso grupos político-partidistas como el caso de los llamados colectivos en Venezuela) ha sido una expresión de una privatización violenta de las políticas de seguridad y orden público, en donde la seguridad del bienestar es sustituida por una “seguridad” condicionada por el miedo y la amenaza de fuerza, ya sea a través de asesinatos horribles con el objetivo de expandir el terror en una comunidad o del uso de símbolos de muerte (calaveras generalmente) por las propias policías militarizadas que incursionan en las periferias.
Desde la década de los 90s ha crecido la participación de las empresas militares privadas, creciendo su protagonismo en la invasión y ocupación de Irak desde el 2001 (corporaciones de origen norteamericano), hasta la invasión y guerra de Ucrania desde el 2022 (corporaciones de origen ruso).
Mientras en los centros de las metrópolis las empresas privadas de seguridad y escoltas tienen cada vez más protagonismo, las organizaciones paraestatales se despliegan en las periferias a partir de la cartelización y militarización de la economía ilegal. Se trata de una guerra irregular que crece en la disputa por el control territorial y que ha puesto bajo amenaza a todas las organizaciones sociales que habían constituido una forma de hacer política no-estatal a través de la autoorganización comunitarias.
Así el paraestado no es lo contrario al Estado, -que más bien sería no-estado, la no separación entre lo político y lo social- sino su desdoblamiento y reacción crítica frente a las prácticas de autonomía territorial que han caracterizado a los movimientos sociales de las periferias que estaban desbordando la desgastada democracia representativa a finales del siglo pasado.
La tercera plataforma de la acumulación mafiosa ha sido el narcotráfico. En las últimas décadas el narcotráfico se ha expandido en el mundo2 construyendo circuitos transnacionales. El narcotráfico financia a grupos paramilitares en territorios periféricos en donde está la producción, genera rentas hacia los funcionarios públicos y militares que posibilitan su funcionamiento y luego traspasa o “lava” millonarias sumas de dinero a la economía legal que en gran parte sostienen al mercado financiero contemporáneo. Se nutre de la demanda de las poblaciones sobreexplotadas en las periferias y centros de las metrópolis en un mercado que tiende a la producción de drogas sintéticas cada vez más fuertes y adictivas.
A su vez el narcotráfico recluta jóvenes en comunidades empobrecidas con la ilusión de enriquecimiento y poder, a cambio de una vida de violencia. Se trata de una cultura de muerte que busca extenderse convirtiendo en “zombies” (ver la crisis del fentanilo) a sus consumidores, y soldados contra la sociedad y su comunidad a quienes recluta. Al mismo tiempo evoca como ideal de éxito el consumo de lujo, ilusión de bienestar que no es más que un amasijo de códigos patriarcales y violentos que legitiman la desigualdad y la jerarquía mafiosa de capos, generales y empresarios.
La tendencia mafiosa del poder no es sino la forma autoritaria que crece dentro del capitalismo contemporáneo y que amenaza con guerras irregulares para defender proyectos acumulación de capital cada vez más voraces contra los cuerpos y territorios que constituyen la naturaleza de la vida en sociedad. Y al final de este camino en el que la violencia juega un rol cada vez más determinante para la acumulación y la gobernanza, ha estado creciendo una economía de guerra que demanda cada vez más espacio y ya ha empezado a imponer la guerra abierta, la destrucción y el genocidio en los territorios críticos de nuestra sociedad global. Un poder que hace culto a la muerte y en el que orbitan la sombra de todos los discursos que hoy se disputan la hegemonía.
En medio de la violencia y la instauración de la emergencia como realidad cotidiana, surge el Estado de Excepción como paradigma de gobernanza que naturaliza la suspensión legal o de facto de las garantías y derechos constitucionales, la suspensión de procedimientos democráticos y la militarización del espacio público. En nombre de la protección del derecho, se legitima la fuerza pura como origen y racionalidad del Estado, Giorgio Agamben explica que…
“…El estado de excepción es, en este sentido, la apertura de un espacio en el cual la aplicación y la norma exhiben su separación y una pura fuerza-de-Ley actúa (esto es, aplica des-aplicando) una norma cuya aplicación ha sido suspendida. De este modo, la soldadura imposible entre norma y realidad, y la consiguiente constitución del ámbito normal, es operada en la forma de la excepción, esto es, a través de la presuposición de su nexo. Esto significa que para aplicar una norma se debe, en última instancia, suspender su aplicación, producir una excepción. En todo caso, el estado de excepción señala un umbral en el cual lógica y praxis se indeterminan y una pura violencia sin logos pretende actuar un enunciado sin ningún referente real.” (Agamben, Estado de Excepción, p. 83)
Los autoritarismos contemporáneos no tienden a legitimar un sistema formalmente dictatorial, sino utilizar mecanismos de gobernanza paralelos al Estado democrático en crisis3, que hacen del Estado de excepción la naturaleza del ejercicio del poder. Pero es la arbitrariedad y la militarización de la gobernanza lo que permite afianzar la complicidad entre Estado y para-estados, al mismo tiempo que se desplaza la condición participativa y política de la población por una condición de víctimas pasivas envueltas en emergencias humanitarias (categoría de las instituciones globales) sobre las cuales se despliegan las políticas asistenciales del sistema global, una vez más, naturalizando la emergencia como cotidianidad del mundo contemporáneo.
Mientras la democracia representativa entra en crisis, los modelos autoritarios de Rusia o China (países sin tradición democrática representativa, en donde la modernización se engranó a las cadenas de sumisión de los viejos estados imperiales transformados por las burocracias “socialistas”) se convierten en referencias alternativas para un orden pos-democrático y totalitario que se exporta hacia el llamado tercer mundo, legitimando los autoritarismo contemporáneos, llamados “competitivos” por las ciencias políticas, al lograr márgenes de gobernabilidad más estables que las democracias en crisis.
Entre la parainstitucionalidad desbordada y los Estados de Excepción se va creando un contexto de guerra contra la sociedad -más irregular que regular- como proyecto de gobernanza del capitalismo contemporáneo, así la pandemia y las cuarentenas como operativos militares -y la promesa de que es apenas la primera emergencia global de este tipo- no han sido más que una mirada hacia el gobierno sobre la emergencia continuada, mientras la guerra crece a su alrededor. Entonces no es ubicarnos en el mapa de la polarización entre bandas partidistas o potencias imperiales, sino en la resistencia a la política de la guerra, en donde se encuentran los tejidos sociales que hacen del cuidado y la defensa de la vida una lucha por un futuro común.
Notas
- “En el concepto de femigenocidio podemos englobar una gran cantidad de crímenes que tienen que ver con las formas paraestatales de actuar, hoy mucho más diversificadas que en los años 70. Una serie amplia de formas de ejercicio de la violencia y control de poblaciones vulnerables, desde las guerras represivas, el mal llamado “conflicto interno”, el terrorismo de estado, y la duplicación del estado en formas estatales y para-estatales de control social por parte de sus agentes, así como también el avance de las corporaciones armadas de tipo mafioso, con sus tentáculos y vasos comunicantes con la gestión estatal. (…) En el caso de Ciudad Juárez, no entendía que estos cuerpos arrojados al desierto eran el producto de una guerra entre grupos mafiosos sino que los vi como mensajes de su poder intercambiados entre ellos y enviados a la sociedad, en esa localidad fronteriza entre dos mundos, apenas separada, en 2004, por el Río Grande o Río Bravo (ni muy grande ni muy bravo) -según lo nombran los estadounidenses o los mexicanos, respectivamente. Del lado mexicano se encuentran las maquiladoras que arrojan una gran producción de riqueza. Los dueños de esa riqueza, los empresarios de Ciudad Juárez viven casi todos ellos en El Paso, Tejas. Es una frontera entre dos mundos: el mundo en donde están las cosas con que la gente sueña; y el mundo del desierto y de la vida precaria.“ (Segato, Contra-pedagogías de la Crueldad, pp. 75-76)
↩︎ - Según el Informe del año 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico aumenta sin precedentes, con una tendencia hacia drogas más sintética y baratas, así como más fulminantes para la salud humana, generando devastación ambiental (se destaca la situación crítica de la Amazonía) y un auge del crimen organizado. “la estimación mundial de personas que se inyectaron drogas en 2021 en 13.2 millones, 18% más de lo estimado anteriormente. A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento de 23% con respecto a la década anterior. Por su parte, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los 39.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años.” (Datos del portal web de UN: https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2023/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2023-de-unodc-advierte-sobre-crisis-convergentes-a-medida-que-los-mercados-de-drogas-ilicitas-siguen-expandindose.html). La crisis de las drogas sintéticas derivadas del opio han causado estragos sociales en países como EEUU, en donde el consumo de fentanilo -la llamada droga zombie- se ha difundido en las ciudades más afectadas por la precariedad laboral y el desempleo (tomando en cuanto que la crisis de los opiáceos en EEUU, comienza a partir de la venta desregulada de productos farmacéuticos de este tipo para el tratamiento de afecciones menores, generando adicciones en poblaciones desinformadas, finalmente víctimas de la industria farmacéutica), así como en países como Afganistán, uno de los territorios claves para la producción de amapola en el mundo.
↩︎ - “ni Mussolini ni Hitler pueden ser definidos técnicamente como dictadores. Mussolini era el jefe del gobierno, investido legalmente con tal cargo por el rey, así como Hitler era el canciller del Reich, nombrado por el legítimo presidente del Reich. Aquello que caracteriza tanto al régimen fascista como al régimen nazi, como bien se sabe, es que ambos permitieron que subsistieran las constituciones vigentes (respectivamente, el Estatuto Albertino y la Constitución de Weimar) -según un paradigma que ha sido agudamente definido como de «Estado dual»- poniendo junto a la Constitución legal una segunda estructura, a menudo jurídicamente no formalizada, que podía existir al lado de la otra sólo gracias al estado de excepción.” (Agamben, Estado de Excepción, pp. 95-96). La experiencia autoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020) en Venezuela con el gobierno de Maduro, el régimen de Bukele en el Salvador podrían suponer ejemplos del mismo fenómeno contemporáneo, a su vez que provienen de bandos políticos antagónicos”. ↩︎
Referencias
Agamben, Giorgio. Estado de Excepción, Homo Sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005.
Denis, Miguel. Venezuela: reestructuración en proceso (I). Caracas: Revista Cuerpo y Territorio, 2021.
Denis, Miguel. Venezuela: reestructuración en proceso (II). Caracas: Revista Cuerpo y Territorio, 2021.
Negri, Antonio y Hardt, Michael. La administración liberal fuera de quicio en Asamblea. Madrid: Akal, 2019.
Segato, Rita. Contra-pedagogías de la Crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018.
____________ Las nuevas formas de guerra y el cuerpo de las mujeres en La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
Svampa, Maristella. Hacia un neoextractivismo de figuras extremas en Las fronteras del neoextactivismo en América Latina. Guadalajara: CALAS, 2019.