El 28 de septiembre fue declarado en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 como el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Por tal motivo, durante este mes en Revista Cuerpo y Territorio hemos propuesto realizar diversas actividades (entrevistas y publicaciones) que den cuenta de la situación de varios países de la región respecto a la lucha contra los abortos inseguros y el acceso de las personas gestantes a sus derechos sexuales y reproductivos.
Este artículo es el primero de tres, en el que intentaremos presentar, a grandes rasgos, la experiencia de Uruguay, donde el próximo mes de octubre se cumplen diez años de la promulgación de la Ley Sobre Interrupción voluntaria del embarazo: Ley N° 18.987 .
En esta primera entrega reseñamos algunos de los hitos que precedieron a la promulgación de la ley, para en una segunda parte exponer y debatir sobre algunos aspectos de su aplicación y finalmente, en la tercera parte, cerrar con algunas reflexiones en torno a las experiencias relatadas por usuarias del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) propuesto por la ley.
Comencemos entonces con la primera parte.
Los antecedentes más próximos que llevaron a la promulgación de la ley Sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay se suelen ubicar a comienzos de este siglo. En el año 2001, en el contexto de un colapso financiero, ajuste fiscal y desempleo que llegaba al 20%, 19 mujeres fallecieron como consecuencia de abortos clandestinos, y en los siguientes 2002 y 2003 las interrupciones inseguras representaron el principal motivo de muerte materna.
Estos hechos llevaron a parte de la comunidad médica a buscar alternativas que permitieran reducir los riesgos y los daños provocados por estas prácticas. Se puso en marcha entonces el programa «Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo» (IS) en el Hospital Pereira Rossell, centro de referencia para la atención gineco-obstétrica y pediátrica del sistema de salud pública uruguayo, a través del cual se brindaban orientaciones pre y post-aborto. Si bien el aborto se encontraba tipificado como delito en Uruguay desde 1936 (Ley 9.763), informar a las pacientes sobre cómo interrumpir un embarazo sin riesgos no constituía un delito.
A su vez, el movimiento feminista inició una serie de alianzas como la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Reproductiva, que incluía a la central sindical (PIT-CNT), organizaciones juveniles y colectivos vinculados a la diversidad sexual, entre otros, planteando la despenalización del aborto como un reclamo de la ciudadanía relativo a la igualdad en el acceso a la salud. En este período surge la mano naranja, uno de los elementos emblemáticos de la campaña.
El tratamiento del aborto como un problema sanitario, generó una creciente disposición de la sociedad a favor de su legalización y su discusión a nivel político partidario, llegando a la presentación de un proyecto de ley en 2004 que fue derrotado por 4 votos. Sin embargo, ese mismo año, una ordenanza del Ministerio de Salud Pública (369/004) incorporó procedimientos para la atención pre y post aborto y permitió a lxs giencólogxs informar sobre el uso del misoprostol.
Esta ordenanza era aplicada solo por los profesionales de la salud comprometidos con el proceso de legalización del aborto, ya que no se implementó una sanción para quienes no lo hicieran, al tiempo que la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer continuaba – y, como veremos más adelante, continúa – siendo penalizada por el Código Penal.
Es así que en 2007 un médico denunció a una mujer que había abortado y esta fue procesada por un juez a 20 años de prisión. El hecho activó la campaña «Nosotras y nosotros también» en la cual 6 mil ciudadanas y ciudadanos se auto incriminaron el delito de aborto, ya sea practicándoselo, financiándolo o acompañando a una mujer a realizárselo. Entre lxs firmantes había minstrxs, legisladorxs y diversas personalidades públicas. Lxs representantxs de la campaña se entrevistaron con el vicepresidente quien se comprometió a fomentar su discusión en el parlamento.
Un año más tarde, se presentaba nuevamente un proyecto de ley: la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2008 (N° 18.426) que incluía la despenalización del aborto. A pesar de haber sido aprobada a nivel parlamentario, los capítulos referentes a la interrupción voluntaria del embarazo fueron vetados por el presidente Tabaré Vázquez. Según las encuestas el 61% de lxs uruguayxs estaba a favor de la legalización.
A pesar del duro golpe que esto significó para los movimientos sociales que promovieron la ley, la demanda no cesó y mantuvo la esperanza de volver a tratar la ley en el siguiente período presidencial.
Finalmente, en 2011 se ingresó un tercer proyecto al parlamento que guardaba gran similitud con el proyecto vetado. Sin embargo, a medida que avanzaban las negociaciones parlamentarias para su aprobación se incorporaron modificaciones como el derecho a la “objeción de conciencia” de lxs profesionalxs de la salud, la restricción del plazo legal para interrumpir el embarazo a 12 semanas, y la inclusión de un “período de reflexión” de 5 días después de una entrevista con un equipo interdisciplinario.
La mayoría de las agrupaciones feministas no estaban de acuerdo con el proyecto de ley que terminó aprobándose en octubre de 2012, no obstante, todas reconocían que esa ley era un avance en el camino hacia la conquista de derechos.
La respuesta conservadora no se hizo esperar y en 2013 se inició una campaña para la derogación de la ley que no obtuvo el apoyo necesario para convocar a un referéndum, lo cual requiere la adhesión de un 10% del padrón electoral. Este hecho es considerado como una ratificación definitiva de la ley, tanto a nivel institucional como social.
Esperamos que este breve recorrido colabore e ilumine el desarrollo de nuevas estrategias para la acción por un aborto legal y seguro en otros países de la región. La próxima semana comentaremos y analizaremos algunos aspectos de la aplicación de la Ley Sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay a lo largo de los últimos 10 años.
Fuentes
Las fuentes que hemos utilizado para esta reseña y a las que pueden acceder libremente en Internet son:
- Johnson Niki, Rocha Cecilia, Schenck Marcela. 2014. La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el Movimiento Feminista. Cotidiano Mujer.
- Rostagnol, Susana. 2014. Te doy pero no tanto. Te saco pera algo te dejo. Historia del aborto en Uruguay. En: Políticas e fronteiras. Desafios feministas. Vol. 2.
- Sapff, Cecilia y Rieppi, Leticia. 2019. El proceso de despenalización del aborto en Uruguay. Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Ministerio de Salud Pública, Uruguay (MSP).